Mil personas pierden sus empleos diariamente en Honduras a causa de la pandemia. ¿Cuál es el sacrificio comprometido por el Gobierno en esta situación de infortunio?
Esta pregunta es la que se han planteado dirigentes políticos de la oposición, abordados por esta casa de radio. Y es que la protección de los empleos es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país durante la presente contingencia epidemiológica.
En la etapa inicial de la pandemia, el mismo Gobierno había estimado que aproximadamente 400,000 trabajos estaban en situación de fragilidad a causa de la emergencia y que, por lo tanto, era necesario adoptar medidas para sostenerlos.
Hasta hace unos días, la Secretaría de Trabajo informó que esa cartera ministerial había recibido la solicitud de dejar en suspenso unas 25,000 plazas, una cifra que ahora alcanza los 80,000 puestos. Se estima que el número de plazas puestas en el aire mientras dura la emergencia podría llegar a medio millón.
Un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica y Social de la Universidad Nacional, revela que el 28 por ciento de las empresas; esto es, la tercera parte, han tenido que negociar la suspensión de sus empleados.
En razón de las circunstancias por las que atraviesa el país, representantes de la iniciativa privada revelaron que después de tres semanas desde que entró en vigor el toque de queda absoluto, las empresas están generando solamente el 40 por ciento de los recursos esperados.
Los industriales que tienen operaciones en los polos de desarrollo del país se han preguntado cuál debe ser la prioridad en la presente situación: ¿Salvar vidas, lo que implica paralizar la economía, proteger los empleos o buscar un equilibrio entre tales extremos?
La gran empresa ha presionado para que las autoridades aprueben con celeridad una estrategia tendiente a respaldar a dicho segmento en el cual recae la generación del 80 por ciento de los tributos.
Los inversionistas grandes consideran que se les ha excluido y que el Gobierno no ha acudido en su apoyo, ya que las medidas urgentes comunicadas hace algunas semanas benefician, en su casi totalidad, a los micro, pequeños y medianos emprendimientos.
A tal reclamo, las autoridades del Ejecutivo han respondido que las disposiciones prioritarias tenían que estar dirigidas a proteger a las PYMES, por constituir un segmento más débil y con menor capacidad para hacerle frente al torbellino.
Mensualmente, el sector empresarial del país debe desembolsar 12,000 millones de lempiras para cumplir con la obligación de sueldos y salarios y si las operaciones siguen paralizadas, ¿cómo puede garantizarse el ingreso de los empleados?
Se presume que, en una siguiente fase, serán trazadas y puestas en marcha medidas tendientes a fortalecer a la gran empresa, salvar los puestos laborales de este sector y evitar el derrumbe total de la economía.
