A cuatro meses de la realización de las elecciones presidenciales, las conspiraciones contra el proceso democrático están vigentes.
Congresistas de la oposición han reiterado su denuncia en el sentido que el ala oficialista manipula para que el presupuesto que demanda el Consejo Nacional Electoral sea aprobado a cambio de sacar adelante reformas a la nueva ley en materia comicial.
Los obstáculos para asegurar que la consulta popular sea confiable y genuina son mayores y las respuestas cada vez son menores, además de estar cargadas de premeditaciones.
El Registro Nacional de las Personas necesita nada más y nada menos que alrededor de nueve millones de dólares, 216 millones de lempiras, para concluir con la etapa de emisión y entrega del documento de identificación nacional.
Se interpreta que está en peligro la distribución de la nueva cédula y, en consecuencia, su validez ciudadana para el ejercicio del voto el último domingo de noviembre.
A este inconveniente relacionado con la disponibilidad de recursos para la entrega del documento de identificación, se añade que la empresa a la que fue adjudicado el proyecto, PBS, no ha cumplido con su compromiso de desarrollar y poner en operación un software estable y eficiente.
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En el Consejo Nacional Electoral, los juegos entre las fuerzas políticas de mayor caudal No han dejado de moverse al son de objetivos torcidos.
Hace tres días debió estar otorgado el proyecto de transmisión preliminar de datos, que también contempla la lectura de la huella y el procesamiento del acta electrónica.
Nada de esto ha sucedido. El Congreso Nacional mantiene su táctica dilatoria, que equivale a decir que no se ha tomado decisión alguna sobre la aprobación de 800 millones de lempiras adicionales que solicita el Consejo Nacional Electoral para financiar la incorporación de componentes electrónicos en la práctica transparente de las justas generales.
Se sabe que los jefes de las bancadas de los partidos políticos en la Cámara Legislativa han sido llamados a mantener reuniones de emergencia orientadas a tomar una decisión definitiva.
En su conjunto, el RNP y el Consejo Electoral requieren de la disponibilidad de No menos de mil millones de lempiras para colocar en manos de los ciudadanos hondureños la nueva identidad y para garantizar un proceso de consulta limpia, genuina y legítima.
