Un clima de inestabilidad se ha generado en El Salvador a raíz de la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de aquel país.
El presidente de la vecina nación, Nayib Bukele, ha expresado a través de sus redes sociales que la remoción de esos altos funcionarios es la expresión de la voluntad popular.
Agregó Bukele que es una facultad incontrovertible de los diputados, a la vez que ha dirigido un mensaje a los organismos externos que han condenado la acción y calificado la misma como un grave atropello ala democracia:"estamos limpiando la casa y no es de su incumbencia".
Los empresarios salvadoreños han señalado que la expulsión de los magistrados y del fiscal es un golpe a la institucionalidad y que ha sido motivado por las resoluciones adoptadas por éstos, adversas al Poder Ejecutivo.
La Organización de Estados Americanos ha manifestado su preocupación por lo ocurrido en El Salvador, llamado a respetar los principios de la democracia y exhortado a profundizar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
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La coyuntura que se presenta en el hermano país es muy semejante a la que vivió Honduras cuando en diciembre de 2012 fueron destituidos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional luego que la Cámara Legislativa ordenó la investigación de las actuaciones administrativas de los funcionarios judiciales por haberse pronunciado en contra de un decreto para la depuración de la Policía.
En aquel momento, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados catalogó la salida de los magistrados como un grave atentado a la democracia en Honduras.
¿Qué lecciones debemos aprender de estos eventos que desestabilizan el orden institucional y que pueden interpretarse como un golpe a la democracia de nuestros países?
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