Son mil y una caras las que tiene la corrupción en Honduras.
Las redes montadas para integrar planillas fantasmas en distintas dependencias estatales son una expresión de deshonestidad, en tanto su propósito es drenar dinero para beneficio de particulares.
El desvío de recursos públicos mediante el pago de sueldos y salarios a paracaidistas o empleados que “no existen” o que no tienen tareas asignadas ha sido una vieja práctica irregular en detrimento de la gestión gubernamental.
Son parte del esquema de estafa en perjuicio del Estado. En este nudo se cuentan los casos denunciados recientemente en el sector salud y de los que se han hecho eco los medios de comunicación.
La propia ministra de Salud, Carla Paredes, hizo público la semana recién pasada que en el Hospital Escuela de la capital se descubrió la existencia de una planilla de 43 empleados del área administrativa que no están en sus puestos de labores y de quienes nadie da referencia.
Antes de este caso, se había revelado que una veintena de supuestos médicos y enfermeras habían sido incluidos en una lista creada para estafar los recursos del Seguro Social.
Hace un poco más de dos años, en 2022, el Ministerio Público inició acciones para establecer la existencia de una “falsa planilla” compuesta por 100 sujetos contratados por la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, para prestar servicios de asesoría durante la gestión de Armando Calidonio entre 2014 y 2020.
Hace más de una década, se conoció el expediente de nóminas ficticias en la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que ahora se denomina Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Este escándalo se relacionó con la contratación de alrededor de 1,700 personas en la mencionada cartera ministerial en cuyo pago de sueldos y salarios el Estado despilfarró más de 23 millones de lempiras.
Se recuerda que esos burócratas aparecían asignados al Programa de Caminos y remunerados por mano de obra. Otra planilla salió a la luz en esa época, integrada por un centenar de abogados que absorbían unos 800,000 lempiras mensuales “sin hacer nada”.
La Administración Pública es un nido de corrupción. Desde 2014, el Consejo Nacional Anticorrupción ha documentado y presentado a la Fiscalía 167 casos que han derivado en un perjuicio económico de 11,365 millones de lempiras.
De estos expedientes, 31 están judicializados, cinco fueron resueltos por el Tribunal Superior de Cuentas y 131 se encuentran en la impunidad.
Estos datos demuestran que la corrupción tiene raíces muy profundas en el país, donde prevalecen la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
Contexto
La Secretaría de Salud de Honduras lleva a cabo una investigación sobre una presunta planilla fantasma que incluye a 43 empleados en el Hospital Escuela, según reveló Carla Paredes, titular del sector salud.
