La presunta comercialización de citas consulares, el cobro de hasta cientos de dólares a migrantes hondureños y las vulnerabilidades de los sistemas de atención figuran entre las prácticas que fueron señaladas por el exdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería, Max Rodríguez, al referirse a las investigaciones relacionadas con el consulado de Honduras en Atlanta, Estados Unidos.
Durante una entrevista con HRN, el exfuncionario se pronunció sobre el caso de la excónsul Ada Serrano y pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
No obstante, explicó que durante su gestión recibieron denuncias sobre negocios ubicados en las cercanías de consulados que presuntamente aprovechaban las dificultades de los compatriotas para conseguir citas.
Rodríguez describió un mecanismo mediante el cual algunos establecimientos, que aparentemente funcionaban como tiendas de productos nostálgicos y recuerdos hondureños, habrían ofrecido gestionar citas consulares a cambio de pagos que podían alcanzar los 200 o 300 dólares.
Según su relato, estas prácticas aprovechaban las limitaciones económicas y bancarias de algunos migrantes, especialmente de quienes acababan de llegar a Estados Unidos y todavía no contaban con una cuenta bancaria o una tarjeta para realizar sus propios pagos.
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Así habrían comercializado las citas consulares a los hondureños
El exdirector de Asuntos Consulares explicó que durante el gobierno anterior recibieron denuncias sobre establecimientos ubicados en las afueras de diferentes consulados hondureños.
De acuerdo con Rodríguez, algunos de estos negocios utilizaban la venta de productos nostálgicos como fachada y, presuntamente, ofrecían a los migrantes la posibilidad de conseguir una cita que ya había sido creada en el sistema.
El mecanismo habría aprovechado las vulnerabilidades de la plataforma anterior, que permitía que una misma persona generara entre 10, 15 o hasta 20 citas desde una sola cuenta de correo electrónico.
Esta situación habría facilitado que terceros acumularan espacios de atención y posteriormente ofrecieran gestionarlos a cambio de dinero.
Rodríguez explicó que, aunque se realizaron modificaciones para limitar la cantidad de citas que podía crear cada usuario, las redes de corrupción presuntamente adaptaban sus mecanismos para continuar aprovechándose de las necesidades de los connacionales.

¿Qué cambios se hicieron al sistema de citas consulares?
Como parte de las medidas para reducir estas irregularidades, el exfuncionario señaló que durante 2024 se implementó el sistema ACOS, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
Según explicó, esta plataforma estableció restricciones para evitar que una sola persona pudiera generar múltiples citas sin justificación.
La posibilidad de gestionar más de una cita quedó vinculada a situaciones en las que el usuario pudiera demostrar que se trataba de un núcleo familiar, como su esposa, hijos o padres.
También se modificó el mecanismo de pago. Rodríguez indicó que anteriormente se utilizaban money orders, documentos de pago similares a un cheque, mientras que con el nuevo sistema se pasó al uso de tarjetas de débito o crédito.
Sin embargo, advirtió que estas medidas no necesariamente eliminaron las prácticas irregulares, debido a que quienes presuntamente participaban en estos negocios podían encontrar otras formas de aprovecharse de los migrantes.
Como ejemplo, mencionó el caso de hondureños recién llegados a Estados Unidos que no tenían una cuenta bancaria ni tarjetas de pago. En esas circunstancias, los establecimientos podían ofrecer pagar la cita con una tarjeta propia y cobrar entre 200 y 300 dólares por el trámite.
Max Rodríguez revela denuncias presentadas ante el Ministerio Público
Durante la entrevista, Rodríguez también se refirió a las acciones que, según dijo, fueron impulsadas desde la Cancillería durante el gobierno anterior para investigar posibles irregularidades en consulados hondureños.
El exdirector aseguró que en 2023 el entonces canciller Eduardo Enrique Reina presentó aproximadamente diez denuncias ante el Ministerio Público, durante la gestión del fiscal interino Joel Zelaya.
Entre los consulados mencionados en esas investigaciones figuran los de Miami, Houston y Dallas, en Estados Unidos.
Rodríguez sostuvo que esas denuncias corresponden a líneas de investigación que todavía deberían ser revisadas por las autoridades actuales.
En ese sentido, consideró necesario conocer si los expedientes continúan activos, si avanzan bajo investigación o si están sujetos a alguna medida de secretividad que impida divulgar detalles del procedimiento.
El exfuncionario también pidió que se investiguen las posibles responsabilidades de quienes hayan participado en estas prácticas, independientemente de si pertenecen a administraciones anteriores o a la actual.
¿Qué dijo sobre la excónsul Ada Serrano y otros señalados?
Al referirse directamente al caso de Ada Serrano, Rodríguez insistió en que se trata de un asunto delicado y que las personas mencionadas deben contar con las garantías legales correspondientes.
El exdirector de Asuntos Consulares manifestó que, si se demuestra la responsabilidad de la excónsul, sus familiares y otros exempleados señalados, las sanciones deben aplicarse conforme a la ley.
También mencionó a los hijos de Serrano y a un exfuncionario identificado como Mario, quien anteriormente habría trabajado en el consulado.
No obstante, recalcó que cualquier determinación sobre el nivel de responsabilidad corresponde a las autoridades competentes y debe establecerse mediante el proceso judicial.
Rodríguez agregó que las personas involucradas podrían optar por mecanismos de cooperación con la justicia, si estos resultan procedentes, para contribuir a identificar a otros posibles participantes en la red.
Exfuncionario cuestiona uso de cargos consulares para obtener beneficios
Rodríguez calificó como lamentables las denuncias sobre posibles actos de corrupción dentro del servicio exterior hondureño y recordó que los cónsules y embajadores representan al país ante otras naciones.
A su criterio, quienes reciben esos nombramientos tienen la responsabilidad de atender a los hondureños en el extranjero y no utilizar sus cargos para obtener beneficios personales.
Asimismo, señaló que los funcionarios consulares reciben remuneraciones y, en determinados casos, cuentan con beneficios adicionales, como vivienda o vehículo asignado.
Por esa razón, consideró que cualquier funcionario que incurra en irregularidades debe responder ante la justicia.
