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<p>No ha sido ciertamente llano ni raudo el camino que la Ley para el Alivio de Deudas de los empleados públicos y privados ha recorrido para que hasta ayer día su reglamentación  supusiese también una última traba superada.                                                                  Desde que en noviembre del 2018 el Ejecutivo le diera forma –recordamos- con los empleados de las maquilas a la ley cuyo reglamento finalmente ayer fue entregado, este instrumento de alivio para los trabajadores fue sorteando un tortuoso camino de cuestas burocráticas, obstáculos  y cálculos políticos y empresariales.                                            Pero la ley y sus reglamentos están listos.                                                                        Ahora deberá someterse a su verdadera prueba de fuego y solamente ahí es donde empleados de servicio público como la profesora Norma, que labora en un centro educativo en lo más profundo del Departamento de Intibucá, podrá aliviar las penurias que para ella supone el hecho de que después de mil y una deducciones, le quede un poco más de los 2 mil 52 lempiras que le deja en su cheque de 14 mil 60 lempiras mensuales, su asfixiante nivel de endeudamiento.                                                                                                         En la misma situación de la profesora Norma están miles y miles de empleados del estado,  y miles y miles más que laboran también en la empresa privada, y que ahora –una vez puedan a través de este humanista instrumento- liberar de deudas y deducciones hasta en un 60 por ciento su endeudado y raquítico salario.                                                                     No es poca cosa el desafío que el gobierno del presidente Hernández se ha echado a la uña, como tampoco las expectativas que casi un millón de empleados tienen con la creación del instrumento de consolidación de deudas, aumento en la disponibilidad de su salario y acceso al financiamiento de vivienda propia.                                                                      Con más de diez años de laborar en una institución pública, Nelson, un perito mercantil y contador público, apenas saca 3, 733 lempiras netos de un salario integral mensual de 17 mil 28 lempiras con 67 centavos. Hasta la coronilla con una tarjeta de crédito y con el injupemh, el seguro social, un plan de auxilio mutuo, la Asociación de Empleados Públicos, la cooperativa central del sindicato, otro plan de retiros del mismo sindicato y un banco privado de capital extranjero, detrás de él, este empleado apenas subsiste y sobrevive, como casi el millón de trabajadores públicos y privados que destinan sus salarios a pagar deudas con altos intereses y a cortos plazos.                                                                                   Pasa ahora a la práctica este instrumento, que el 16 de julio del año en curso –recordamos- el presidente Hernández entregó al Congreso Nacional. Y ahora, en su prueba de fuego, César, un joven empleado que labora en una cartera ministerial bajo la modalidad de contrato o empleo temporal, y sin importar su historial crediticio, tendrá la posibilidad de consolidar todas las deudas a un mayor plazo y menores tasas de interés, liberar como mínimo el 40 por ciento de su salario, y la oportunidad al financiamiento de una vivienda propia.                                                                                                                                       De dichos alcances y también de las buenas prácticas que hacia adelante tenga el trabajador que pueda al tenor de este instrumento, consolidar y aliviar sus deudas, dependerá que este instrumento no se quede en simple papel mojado…<br> </p>

Ley de alivio a la deuda

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