Martha Doblado, directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), explicó que el pago de préstamos a este organismo, no abarca a la Ley de Alivio de Deudas aplicada por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Doblado argumentó que no hay ninguna justificación para que los empleados públicos prorroguen el pago de prestamos, ya que a pesar de que se han paralizado las labores en el sector público, los trabajadores no han dejado de percibir sus salarios.

El gobierno de Honduras, la empresa privada y otros sectores de la sociedad civil, llegaron a un acuerdo bajo la Ley de Alivio de Deudas en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus (covid-19), lo que favorece a los trabajadores que tienen deudas con instituciones bancarias, cooperativas y casas de préstamos.

La funcionaria expuso que que el acuerdo con la banca incluye el tema de suspensión del pago de cuotas de préstamos, pero el motivo para este alivio es la perdida del empleo como ha ocurrido en muchas empresas del sector privado.

Además, el acuerdo abarca a los trabajadores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), que han visto como sus ingresos se han reducido debido a la crisis sanitaria.

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