Con 90 votos a favor, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa orientada a racionalizar el gasto público y restablecer el equilibrio de las finanzas del Estado mediante medidas fiscales y financieras de carácter extraordinario y temporal.
La aprobación se logró tras incorporar observaciones de la bancada del Partido Liberal, lo que permitió construir una amplia mayoría.
A favor votaron también diputados del Partido Nacional, el Partido Innovación y Unidad (Pinu) y la Democracia Cristiana, mientras la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra.
El decreto establece que los órganos de la administración pública central y descentralizada deberán aplicar disposiciones en ingresos fiscales, racionalización del gasto, ordenamiento financiero y reorganización administrativa, con el objetivo de promover crecimiento económico sostenible, desarrollo humano y fortalecimiento institucional.
Facultades al Ejecutivo y control de litigios contra el Estado
La ley autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones públicas para lograr una estructura más eficiente y económica, incluyendo la disminución de servicios o personal por razones presupuestarias, con el pago de indemnizaciones correspondientes.
Dichos pagos constituirán la extinción de obligaciones ante los tribunales, incluso mediante consignación si el trabajador se niega a recibirlos.
Además, cuando existan embargos derivados de sentencias firmes contra el Estado, los juzgados deberán notificar a la Tesorería General de la República y a la institución condenada para ajustar los montos a la disponibilidad presupuestaria y evitar afectar la prestación de servicios públicos.
La normativa también faculta a la Procuraduría General de la República a realizar conciliaciones judiciales, arbitrajes y gestiones en litigios nacionales e internacionales con el fin de prevenir mayores perjuicios económicos.
Todo acuerdo deberá contar con respaldo presupuestario de la Secretaría de Finanzas y, si supera los cinco millones de lempiras, requerirá opinión favorable de una comisión legislativa.
Datos oficiales señalan que en los últimos cinco años los embargos al Estado rondaron los 10 mil millones de lempiras, con un promedio anual de 2 mil millones, mientras que en los primeros 15 días de gobierno las demandas ya superaban los 3 mil millones.
La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano también instruye a las instituciones estatales y alcaldías a revisar contratos vigentes y autoriza ajustes presupuestarios internos para mejorar la eficiencia del gasto público.
Reducción del gasto público
El Gobierno anunció medidas para reducir el gasto público, entre ellas la fusión de varias secretarías. Además, se indicó de un aumento de 20 mil millones de lempiras en pago planillas en los últimos cuatro años.
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