El Diario Oficial La Gaceta publicó la reforma al artículo 31 de la Ley de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, una medida que fortalece los derechos de las personas de la tercera y cuarta edad al garantizar descuentos obligatorios de entre 25 y 40% sobre el monto total de las facturas en bienes y servicios esenciales.

La reforma quedó establecida en el Decreto No. 45-2025, publicado en La Gaceta No. 37,047, y obliga a todas las entidades públicas, instituciones y comercios privados a cumplir con los beneficios económicos dirigidos a la población adulta mayor en Honduras.

Descuentos obligatorios para adultos mayores según nueva reforma

De acuerdo con la normativa, las personas mayores de 60 años (tercera edad) y mayores de 80 años (cuarta edad) podrán acceder a rebajas significativas en servicios básicos como;

  • Energía eléctrica
  • agua potable
  • telefonía
  • cable
  • internet.

La ley también incluye descuentos en bienes inmuebles, hospedaje y pasajes aéreos, terrestres y marítimos.

Además, los adultos mayores recibirán beneficios económicos en centros de recreación, restaurantes, farmacias y otros establecimientos dedicados a la alimentación y al cuidado de la salud, sectores clave para mejorar su calidad de vida.

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Beneficios a adultos mayor.

Comercios y servicios deben cumplir la ley o enfrentar sanciones

La normativa establece que los beneficiarios solo deben presentar su tarjeta de identidad o carnet de jubilación para exigir el descuento correspondiente.

“¡Exigí tus derechos!”, recalca el llamado oficial, al recordar que ningún comercio puede negarse a aplicar la rebaja, sin importar el rubro o tamaño del establecimiento.

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Reforma publicada en La Gaceta.

Líneas de denuncia en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento, las personas afectadas pueden presentar una denuncia ante la Dirección General de Protección al Consumidor, comunicándose a la línea 115 o al número 8863-1086, donde recibirán orientación y acompañamiento para hacer valer la ley.

Con esta reforma, el Estado refuerza la protección económica de los adultos mayores y jubilados, y busca garantizar un trato digno, justo y equitativo para uno de los sectores más vulnerables de la población.

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