Las fuerzas partidarias se han metido en una disputa sin cuartel, en su intento por imponer en la fiscalía general y adjunta a sus piezas afines e incondicionales.
Es un triste capítulo que debilita el Estado de Derecho de Honduras, más aún porque cada quien se ha dado a la tarea de interpretar a su manera las leyes sobre las atribuciones de las autoridades de la Fiscalía, los períodos de su gobierno y la transición del poder en esa dependencia.
La lectura que hacen unos y otros de la Constitución y las leyes es contradictoria y le imprime una mayor controversia al nombramiento de las autoridades del Ministerio Público para los próximos cinco años.
Diputados, funcionarios del Gobierno y expertos en derecho constitucional analizan desde distintos ángulos las obligaciones del fiscal general y de su segundo en el mando y cuál es la duración de su período.
¿Está acéfalo el Ministerio Público? ¿Deben renunciar o permanecer en sus funciones el fiscal general, Oscar Chinchilla, y su adjunto, Daniel Sibrián, hasta tanto no sean electos sus sustitutos?
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¿En qué criterios se apoyan diputados de la corriente oficialista para tildar a los funcionarios salientes de la Fiscalía de haberse prestado a la reelección de Juan Orlando Hernández y al montaje de la narcodictadura?
Se ha dejado de lado el análisis del perfil de los candidatos a fiscal general; tampoco son ponderados los discursos respecto al nombramiento de las cabezas de la entidad que tiene el monopolio de la acción penal.
La propia presidente, Xiomara Castro, ha catalogado de “bastardos” los intereses de las fuerzas conservadoras que, según ella, boicotean la refundación de Honduras, incluida la elección del fiscal general y su adjunto.
Con ese mismo acento crítico, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha señalado a sus compañeros de bancada de haberse alineado con los sectores de la corrupción y del crimen organizado en este proceso de elección.
Los hondureños somos sacudidos por el “sismo” que provocan nuestros políticos, muy dados a proclamar su compromiso con la democracia participativa y a empeñar su palabra a favor de los intereses más caros de la población.
La persecución del crimen organizado y de la corrupción es vital para afianzar nuestro Estado de Derecho. Para tal cometido, nuestros líderes partidarios tienen la obligación de anteponer sus intereses y su inclinación ideológica; en su lugar, privilegiar la persecución efectiva del delito, la batalla contra la impunidad y la aplicación recta de las leyes.
Deben prevalecer la legalidad y la legitimidad, no las negociaciones oscuras en la elección del fiscal general y del adjunto, ni las interpretaciones antojadizas de las leyes en lo que se refiere al ejercicio de la acción penal pública.
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