La reciente convocatoria para la licitación pública internacional de 1,500 megavatios (MW) de potencia firme ha generado reacciones encontradas entre actores políticos y expertos en el sector energético, quienes advierten sobre riesgos financieros y dudas en el proceso.
Para el caso, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, destacó durante el evento oficial que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha logrado avances importantes en materia de reducción de pérdidas y cumplimiento de pagos a los generadores privados.
Según el parlamentario, estas medidas han mejorado la posición financiera de la estatal eléctrica, contribuyendo además a la estabilidad fiscal y al crecimiento económico a mediano plazo.
"No se puede desconocer el esfuerzo de la ENEE en reducir pérdidas técnicas, que podrían llegar al 4% a finales de este año. También se ha venido cumpliendo con los pagos atrasados, buscando alternativas adicionales para garantizar estos compromisos", subrayó Pino.
Al respecto, añadió que la nueva licitación de 1,500 MW es clave para garantizar la provisión futura de energía eléctrica en el país.
Expertos alertan sobre riesgos en la licitación de 1,500 MW
Sin embargo, no todos comparten la visión optimista del diputado. Kevin Rodríguez, consultor en temas energéticos, expresó serias reservas sobre el proceso.
En ese aspecto, cuestionó la participación del Congreso Nacional en la actividad, señalando que tradicionalmente solo la ENEE y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) intervienen en este tipo de procedimientos en la región centroamericana.
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"No entiendo qué hace ahí la Comisión de Energía del Congreso, un ente político sin injerencia directa en estos procesos técnicos", afirmó Rodríguez en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Recordó que esta comisión impulsó la polémica renegociación de contratos eléctricos en 2022, aprobada en bloque en el Congreso, y que incluyó una planta que supuestamente operaría con gas natural desde noviembre de 2024, algo que —según él— no se ha materializado.
Dudas sobre la capacidad financiera de la ENEE
Rodríguez también advirtió sobre la débil situación financiera de la estatal eléctrica, que, según sus cálculos, pierde 40 millones de lempiras diarios y mantiene deudas pendientes por más de 15,000 millones de lempiras con generadores privados.
A esto se suma la falta de colocación de bonos soberanos por 700 millones de dólares, lo que a su juicio deja sin certeza la garantía de pago para los contratos que surjan de esta licitación.
"Nos preocupa que se esté anunciando la licitación más grande de la historia del país, cuando la ENEE no tiene capacidad real de pago", señaló.
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Las autoridades esperan adjudicar la licitación de 1,500 MW a inicios de 2026, con la entrada en operación de los primeros bloques en 2027.
Mientras tanto, persisten las advertencias sobre la transparencia del proceso y la viabilidad financiera de la estatal para asumir compromisos de largo plazo.
De esto se trata la licitación de 1,500 MW
El proceso de licitación para la adquisición de 1,500 MW contempla varias fases, iniciando con la etapa de consultas. Durante este periodo, los oferentes interesados pueden plantear dudas sobre las bases, mientras que la Junta de Licitación está obligada a responderlas en un plazo máximo de 17 días hábiles.
También se incluyen simulacros que explican la metodología de evaluación, con posibilidad de participación virtual o presencial.
Posteriormente, se desarrolla la fase de evaluación técnica, en la que los oferentes presentan sus propuestas siguiendo los lineamientos establecidos. La Junta de Licitación determina si las ofertas son "técnicamente solventes" o no.
En caso de observarse deficiencias subsanables, se otorga un plazo de cinco días hábiles para realizar las correcciones requeridas.
La evaluación económica se realiza mediante una subasta inversa por rondas sucesivas, conforme a las reglas definidas en las bases. Concluida esta etapa, la Junta entrega un informe técnico a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que decidirá la adjudicación.
Finalmente, se suscriben los contratos con los oferentes seleccionados, proceso que debe completarse en un plazo de tres meses tras la aprobación oficial.
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