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El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de dos inspectores de Policía vinculados a la muerte de su compañera, Linda Waleska Cáceres Suazo, ocurrida en marzo de 2024.



El fiscalía señala a Juan Daniel Fonseca Becerra como supuesto responsable de femicidio agravado en perjuicio de Cáceres Suazo, así como de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.



Por su parte, la inspectora María Vicenta Molina Escobar, esposa de Fonseca Becerra, enfrenta cargos por asesinato y asociación para delinquir, relacionados con el mismo caso y con otros derechos fundamentales.



El hallazgo del cuerpo carbonizado de la joven policía ocurrió el 22 de diciembre de 2024, a la altura de la carretera CA-5, en la aldea Támara, Valle de Amarateca, departamento de Francisco Morazán.



<h2>¿Qué pasó en la muerte de Linda Waleska Cáceres Suazo? </h2>



Según las investigaciones, la víctima salió de su vivienda en la ciudad de Comayagua alrededor de la 1:00 de la madrugada, con destino a un encuentro con la pareja de inspectores y otras personas.



Al llegar al lugar, aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, descendió del vehículo y fue sorprendida por los imputados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.



Posteriormente, los agresores incendiaron el cuerpo de la policía y el vehículo, como muestra de ensañamiento, y luego huyeron del lugar en un automóvil.



El Ministerio Público considera que este caso evidencia un acto de violencia extrema y premeditada contra una agente policial, y destacó la importancia de llevar a los responsables ante la justicia para garantizar los derechos de la víctima y su familia.



Las autoridades continúan con las diligencias de investigación, recopilando evidencia adicional y testimonios para reforzar la imputación y asegurar que los implicados respondan ante un órgano jurisdiccional competente.



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<h3>Código Penal: Artículo 193. – Pena por asesinato</h3>



Quien cause la muerte de otra persona con alevosía o ensañamiento será sancionado con pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.



Si el crimen se comete por precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena será de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión.



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