"Ese señor gobernador de Texas, con todo respeto, es antimexicano, se olvida de que Texas era de México y pone alambradas y tiene una política antiinmigrante y en contra de los que por necesidad tienen que ir a buscarse la vida a Estados Unidos", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

"Pero (es) muy inhumano, y yo diría muy insensible y muy oportunista porque eso es politiquería”, agregó.

Las tensiones entre el Gobierno de México y el de Texas han crecido en el último año por las medidas migratorias de Abbott.

La Cancillería mexicana denunció el 14 de enero que una mujer y dos niños de México murieron ahogados en el río Bravo o Grande, donde el cerco de púas que instaló el gobernador impidió el actuar de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

También el mes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuestionó al gobernador porque sugirió en una entrevista que las autoridades de su estado no disparan contra los migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense porque la Administración de Joe Biden las acusaría de asesinato.

López Obrador acusó también a los republicanos de Texas de "presionar mucho" para que el presidente Biden haya prometido cerrar la frontera con México como parte de las negociaciones en el Congreso para desbloquear la ayuda militar a Ucrania.

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“¿Cuánto tiempo puede durar cerrada la frontera? O sea, nos perjudica a los dos países, pero no es una opción, una alternativa, todo porque hay elecciones y entonces está por la aprobación de presupuestos, necesitan los votos de los republicanos. Ellos, sobre todo el Gobierno de Texas, presionan muchísimo", manifestó.

El mandatario también cuestionó “¿cómo con muros se va a resolver un problema migratorio?"

"Además, son 3.200 kilómetros de frontera. ¿Por qué no mejor se atienden las causas de la migración y se apoya a los países pobres?", opinó.

La presión se ha elevado después de que las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 300.000 migrantes en la frontera con México en diciembre, una cifra récord en los últimos tres años, según divulgó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en enero. 

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