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Una de las noticias que ha tomado relevancia por sus
alcances es el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y Honduras
sobre migración y seguridad fronteriza.



El pacto de cooperación tiene, además, carácter
integral, bajo la premisa que somos un socio y un aliado confiable de Estados
Unidos, un país con el que hemos trabajado muy de cerca, en sintonía con la
exigencia del norte de evitar la emigración irregular.



Este discurso es el que han pronunciado nuestras
autoridades, pero que hay que leer entre líneas, a partir de una verdad
central: Los acuerdos asumidos por Honduras están inscritos en las políticas de
endurecimiento contra los indocumentados que han abandonado nuestro territorio
por las agrestes condiciones sociales en que vive la mayoría de la población.



Una de las observaciones que se han hecho palmarias,
una vez conocida la determinación de Honduras de adherirse a un pacto
migratorio con Estados Unidos, es que el mismo tiene componentes de riesgo.



A menos que los análisis posteriores y las
evaluaciones de mayor profundidad señalen una dirección contraria, lo que se deja
traslucir son repercusiones no tan ingenuas desprendidas del concepto de
territorio seguro y de la figura del derecho de asilo que forman parte del
compromiso.



Merece una reflexión mucho más franca la estrategia
construida por Los Estados Unidos de negociar por separado con los mandatarios
de Guatemala, El Salvador y Honduras, porque ello ha derivado en la
desarticulación de la vieja propuesta conjunta del Triángulo Norte de
Centroamérica.



La llamada Alianza para el Progreso que habían logrado
encadenar los países mayormente impactados por la emigración ilegal,
desordenada e insegura, quedó soterrada y, con ello, la oportunidad de armar un
frente centroamericano en la lucha por mejorar las condiciones socio-económicas
de estos pueblos, particularmente de los hondureños.



Desde los intereses de Estados
Unidos, la solución de la crisis en la frontera depende de un trabajo conjunto
con los vecinos de la región centroamericana; esto es, promover capacidades de
asilo y protección más fuertes en el Triángulo Norte.



Sin
embargo, el problema migratorio -tal como lo concibe la administración Trump-
es una manifestación chauvinista que toca los derechos humanos y que obliga a
estos países, incluido el nuestro, a adoptar condiciones para retener la
migración fuera de sus fronteras.



Lo que hay que ver es si, en
medio de estas complicaciones, es posible levantar un bloque consolidado en
defensa de los emigrantes y generar condiciones de dignidad para que los
hondureños no sigan yéndose al suelo hostil de Estados Unidos, que no es la
tierra prometida para los nuestros.