La integración del Poder Legislativo para el período 2022-2026 ha generado una controversia grande desde que se interpusieron las denuncias de adulteración de resultados y otros delitos electorales cometidos para favorecer a ciertos personajes que pretendían colarse a como diera lugar en la lista de “ungidos”.
Desde antes de que se realizarán las justas del 28 de noviembre se avizoraba una férrea lucha entre las príncipes fuerzas políticas para preservarse en el poder o para conquistar los puestos cimeros donde se monopolizan las decisiones del país.
Y aunque todavía el Consejo Nacional Electoral no ha emitido la declaratoria en el nivel de diputados, ya se ha hecho trascender que el diputado Luis Redondo sería el presidente del Congreso Nacional por los próximos cuatro años.
La designación del legislador electo se inscribe en el acuerdo político entre los partidos opositores Libre, Salvador Honduras e Innovación y Unidad que fue concretado unos días antes de la justa del mes pasado.
La presidente electa, Xiomara Castro, ha expresado -a través de sus redes sociales- su respaldo a Redondo, de quien ha destacado que garantiza la lucha contra la corrupción para redundar Honduras.
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El postulado a dirigir las tareas legislativas se ha comprometido desde ahora a liderar una cruzada para desmontar la dictadura y enrumbar al país hacia una democracia participativa y una cultura de rendición de cuentas.
En este contexto político, hay que analizar cómo se presenta la medición de fuerzas para dirigir la Cámara Legislstiva y cuál es la inclinación que ejercerán los postulados por los partidos Nacional, Liberal y el mismo Libertad y Refundación, cuyos líderes exigen que el titular del Congreso surja del seno de dicha institución, en correspondencia con los resultados de los comicios generales.
La demanda de la población, en su gran mayoría, es que la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional sea escogida al calor de una sincera responsabilidad ciudadana, madurez política y, esencialmente, a la luz de una propuesta para adecentar el quehacer legislativo.
Porque es bien conocido que las actuaciones legislativas han estado manchadas por el tráfico de influencias, negociaciones turbias y la venta de conciencias que han hecho viable la aprobación de leyes muy lesivas para el país.
Ha sido una constante la introducción, discusión y debate de leyes negociadas sin la menor conciencia del mal que se le hace a Honduras al entregar contratos a la medida de grupos de poder político y económico, pero no apegados a los intereses del país.
Indistintamente de los acuerdos a que arriben las instituciones partidarias y los diputados escogidos por el pueblo en la justa del 28 de noviembre en lo que respecta a la integración de la nueva Junta Directiva, lo que espera la población es que sus acciones estén a la altura de la honestidad, la sabiduría política, la prestancia de un estadista y la voluntad para crear leyes que beneficien a los hondureños y que fortalezcan el Estado de Derecho.
