La juez natural a cargo del proceso emitió una orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presuntos delitos relacionados con la integración y las actuaciones de la Comisión Permanente que encabezó durante la administración legislativa anterior.
La medida también alcanza a Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quien figura entre los acusados por supuestas irregularidades vinculadas con las decisiones del Poder Legislativo.
El caso comprende presuntos delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones.
Las acusaciones varían según cada imputado.
MP acusa a Luis Redondo por la Comisión Permanente
El 20 de octubre de 2026, el Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra 14 personas por 21 presuntos delitos relacionados con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente.
La acusación atribuye a Redondo perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
La magistrada Anny Belinda Ochoa asumió el expediente como jueza natural y deberá resolver las actuaciones judiciales correspondientes.
¿Cuándo instaló Luis Redondo la Comisión Permanente del Congreso?
El 31 de octubre de 2025, Redondo y la Junta Directiva del Congreso Nacional instalaron la Comisión Permanente, que comenzó sus funciones durante el receso legislativo del 1 de noviembre.
El órgano quedó integrado por nueve miembros propietarios: Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Josué Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona y Silvia Ayala.
La instalación ocurrió en medio de una disputa política sobre la continuidad de las sesiones legislativas y las atribuciones del Congreso Nacional.
Una de las decisiones más polémicas de la Comisión Permanente fue impulsar un decreto para ejecutar un reconteo de votos en el Congreso Nacional, pasando por encima de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral.
Ahora, el proceso judicial busca determinar si los exfuncionarios excedieron sus facultades legales al tomar decisiones desde esa instancia legislativa.
La presentación de cargos no establece culpabilidad. Los imputados conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
NOTICIA RELACIONADA: Luis Redondo instala Comisión Permanente en medio del rechazo de la oposición
