El Ministerio Público (MP) informó este martes sobre la ejecución de tres allanamientos de morada en el departamento de Olancho, con la finalidad de darle captura a una madre y sus hijos, presuntos autores intelectuales del asesinato contra un miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Juticalpa.
Dicho operativo lo dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) junto a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Según las autoridades, los tres sospechosos serían los que planearon intelectualmente el crimen ocurrido el 18 de noviembre del 2024 en la aldea Jutiquile.
La fiscalía confirmó la captura de Ana María Alonzo Isaula, junto a sus hijos Rossy Milenia y Carlos Ariel Maradiaga Alonzo. A los tres se les acusa del delito de asesinato en perjuicio de Sonia Yamileth Rivera Zavala.
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Así fue el crimen de Sonia Yamilet Rivera Zavala
Las investigaciones de parte de la fiscalía establecen que los tres miembros de esta familia planificaron el asesinato de Sonia Yamilet Rivera Zavala en el 2024.
Asimismo, pagaron a los autores materiales la suma de 70 mil lempiras por la muerte violenta de la víctima y otro hombre.
Mientras tanto, la reconstrucción de hechos señala que el crimen contra Rivera Zavala se perpetró a las 11:30 de la mañana, cuando ella estaba en compañía de un familiar a la orilla de la carretera en un puesto de frutas vendiendo naranjas.
En ese momento llegaron al sitio dos hombres a bordo de una motocicleta, y sin mediar palabra, el copiloto sacó un arma de fuego y le comenzó a disparar en reiteradas ocasiones a Sonia Yamilet.
La víctima perdió la vida de manera inmediata. Mientras tanto, los dos sospechosos, aún no identificados, huyeron rápidamente de la escena. En el caso, las investigaciones continúan para dar con el paradero de estos sujetos.
¿Cuál es la condena por asesinato?
El Código Penal de Honduras considera el asesinato uno de los delitos más graves y establece penas de prisión de 15 a 20 años o más, según las circunstancias del crimen. Es decir, si hubo premeditación y alevosía, relación con otras actividades delictivas o la vulnerabilidad de la víctima.
La justicia hondureña también puede aplicar agravantes que incrementen la pena. Entre ellos, si el homicidio se comete contra funcionarios públicos, miembros de grupos vulnerables, como la comunidad LGTBIQ+ o durante la comisión de otros delitos.
