La crisis institucional en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que la magistrada Miriam Barahona advirtiera públicamente que el Ministerio Público (MP) estaría preparando requerimientos fiscales contra ella y contra su colega Mario Flores Urrutia.
En declaraciones exclusivas a TN5 Estelar, Barahona aseguró que ambos podrían ser capturados en el marco de una presunta persecución por decisiones tomadas dentro del pleno del tribunal.
“Se nos ha informado que pretenden presentar un requerimiento fiscal contra el magistrado Mario Flores y contra mi persona. Es insólito”, expresó.
Magistrada alerta sobre requerimiento por motivos políticos
Barahona afirmó que la supuesta intención del MP responde a presiones políticas vinculadas con recientes resoluciones del TJE, particularmente aquellas que —según dijo— buscan proteger la institucionalidad democrática.
“Estamos tomando decisiones en el marco de la ley, y ahora pretenden castigarnos por ello. Lo que hacemos es garantizar la continuidad del pleno frente a grupos que buscan controlar el tribunal”, añadió.
La magistrada recordó que los jueces y magistrados cuentan con garantía de antejuicio, por lo que no pueden ser procesados penalmente por sus resoluciones mientras ejercen su cargo. Apuntó que desconocer este principio representaría un golpe directo al Estado de derecho.
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El trasfondo: Cálix y Villalobos quedan inscritos
Las declaraciones llegan horas después de que el TJE ratificara las candidaturas a diputado de Jorge Cálix (Olancho) y Cristian Villalobos (Valle), una decisión aprobada por mayoría de Barahona y Flores.
El magistrado Mario Morazán se ausentó de la sesión alegando irregularidades en la convocatoria. Él sostiene que existe una maniobra política dentro del tribunal.
Según Barahona y Flores, las recusaciones contra ambos aspirantes buscaban entorpecer la impresión de papeletas y alterar el calendario electoral a pocas semanas de las elecciones generales.
Crece la tensión a un mes de los comicios
El TJE enfrenta una presión creciente en un momento en que cada decisión tiene impacto directo en la organización electoral del 30 de noviembre.
Entre acusaciones cruzadas, denuncias de instrumentalización del MP y alertas sobre interferencias políticas, aumentan la preocupación de sectores que temen que la credibilidad del proceso electoral se deteriore aún más.
“Los magistrados no podemos ser perseguidos por ejercer nuestras funciones. De permitirse esto, ningún tribunal estaría a salvo”, advirtió Barahona.
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