Estamos a las puertas de que sean electos los magistrados del máximo tribunal del Poder Judicial. Su gran comisión debe ser la de garantizar la aplicación recta de las leyes y la impartición pronta e imparcial de la justicia.

Todo dependerá de que los diputados hagan mérito de sus atribuciones y de su compromiso histórico de votar con dignidad, reflexión y transparencia en el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Porque no se puede desestimar el riesgo mayor de que se eche a perder todo el trabajo de evaluación que ha realizado la Junta Nominadora con rigurosidad, legitimidad y solvencia.

Sería una desventura si los políticos manipulan la lista propuesta por los nominadores y fuerzan la entrada de sus candidatos allegados. Las máximas autoridades del Poder Legislativo han negado tal intención, pero lo ponemos en duda hasta tanto no se desarrolle el debate y no se produzca la votación de la fórmula de magistrados.

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Si se imponen las componendas y el tráfico de voluntades entre los legisladores de distinto signo, tendremos el mismo resultado: una Corte Suprema de Justicia repartida en cuotas políticas e integrada por magistrados que llegan amarrados a las demandas “sui géneris” de sus “padrinos”.

Las negociaciones entre las fuerzas políticas se han intensificado y el ambiente está especialmente caldeado, lo que hace presagiar que no será fácil arribar a los consensos mínimos alrededor de la lista de al menos 45 aspirantes que remita la Junta Nominadora.

Haciéndose eco del clamor de la mayoría de la población, la cúpula empresarial, los líderes de la iglesia, voceros de organismos de la sociedad civil, lo mismo que la representación de Naciones Unidas y de la Embajada de Estados Unidos, han mantenido firmes criterios sobre la conformación de un Poder Judicial independiente y adecentado.

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Porque, hasta ahora, la aplicación de las leyes ha sido negociada y la impartición de la justicia ha estado atrapada en las manos de quienes se han aprovechado del poder para acogerse a la sombrilla de la impunidad.

Los caudillos políticos han convertido la justicia en un género de compra y venta. El Poder Judicial ha sido contaminado por los grupos de poder que han tenido injerencia en la interpretación y aplicación antojadiza de las leyes.

Quizás ésta sea la última oportunidad que se nos presente a los hondureños de elegir a los 15 magistrados con los más altos créditos, adecentar el Poder Judicial y rescatar los principios del Estado de Derecho.

Es el tiempo de demandar encarecidamente a la clase política que obre con responsabilidad, compromiso y decencia en la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¡Está en juego el basamento institucional de Honduras!

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