El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Un antejuicio es un procedimiento legal previo que se aplica antes de iniciar un proceso penal contra ciertos funcionarios públicos que gozan de fuero o inmunidad, como magistrados, diputados, ministros o el presidente, de acuerdo a profesionales del derecho.
Según el requerimiento, ambos magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley, sin la participación del tercer miembro del Pleno, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
'Magistrados del TJE no cumplieron procedimiento legal'
De acuerdo con la investigación, el 27 de octubre los magistrados Flores y Barahona resolvieron una recusación presentada contra uno de los miembros del TJE sin cumplir el procedimiento legal.
La Ley Orgánica y Procesal Electoral exige la conformación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado y la convocatoria de un suplente, pasos que no se realizaron, cita un comunicado del MP dado a conocer el lunes 3 de noviembre.
En lugar de ello, ambos funcionarios resolvieron la recusación por su cuenta, sin la presencia del tercer magistrado ni de un suplente, violando el quórum legal requerido para sesionar válidamente.
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Resoluciones posteriores del TJE
Al día siguiente, el 28 de octubre, los mismos magistrados emitieron una sentencia definitiva que ordenó al CNE inscribir a Jorge Cálix del Partido Liberal y a Cristhian Villalobos Fermán, del Partido Nacional, cuestionados como candidatos a diputados.
Según el MP, esta resolución fue adoptada pese a que el Pleno del TJE no estaba debidamente integrado, lo cual, según el MP, constituye una actuación ilegal y al margen del procedimiento establecido en la Constitución y la Ley Electoral.
Ministerio Público pide antejuicio
Por estas actuaciones, el Ministerio Público considera que los dos magistrados incurrieron en el delito de prevaricato judicial, al dictar resoluciones sabiendo que contravenían la normativa vigente.
La solicitud presentada ante la CSJ pide declarar “ha lugar” el antejuicio para que los funcionarios enfrenten un proceso ante el juez natural competente.
Magistrados del TJE aprobaron inscripción da candidatos a elecciones generales
El pasado 28 de octubre, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, informó que el pleno de magistrados resolvió, por mayoría simple, rechazar los incidentes de recusación presentados en los expedientes vinculados a las apelaciones por las planillas de los departamentos de Olancho y Valle.
Urrutia explicó que los escritos de recusación fueron atribuidos a un supuesto ciudadano que afirmó ser vecino del departamento de Olancho; sin embargo, esa misma persona también alegó tener interés en un caso relacionado con el departamento de Valle.
El titular del TJE puntualizó que, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, solo pueden interponer recursos quienes cuenten con un interés legítimo y sustancial dentro del proceso.
Tras analizar la documentación remitida, el pleno determinó que no existían elementos jurídicos que ameritaran la recusación de los magistrados involucrados.
En consecuencia, el TJE reafirmó su competencia para continuar con el análisis de las apelaciones en trámite relacionadas con las planillas de diputados por Olancho y Valle, asegurando que el proceso se desarrolla en estricto apego a las atribuciones constitucionales y legales del órgano electoral.
'Una ruptura constitucional'
Por lo anterior, el abogado Oliver Erazo calificó como una “ruptura institucional muy grave” la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al considerar que el caso trasciende el ámbito nacional y podría tener implicaciones en el orden democrático internacional.
Durante su intervención en TN5 Matutino, Erazo señaló que el Ministerio Público, junto con el consejero del CNE Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán, estarían siendo “instrumentalizados políticamente”, lo que, según su criterio, vulnera el principio de democracia representativa establecido en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Estamos frente a una ruptura institucional muy grave. Se está violentando el principio de democracia representativa, uno de los pilares de la OEA. Esto supera la barrera nacional y cae en el ámbito internacional; la OEA está obligada a intervenir antes de que se desencadene una crisis de derechos humanos”, advirtió el jurista.
Erazo aseguró que la situación actual ha “descompuesto la funcionabilidad y la percepción de armonía y paz social” en el país, debido al conflicto abierto entre las instituciones electorales y el Ministerio Público.
Asimismo, calificó la petición de antejuicio como “una aberración jurídica”, cuestionando el fundamento legal de la acción. “La primera pregunta que debe hacerse el pueblo hondureño es: ¿contra quién va dirigida realmente esta solicitud de antejuicio?”, expresó.
El abogado reiteró que el conflicto entre los órganos electorales y las autoridades judiciales debe ser atendido con urgencia por instancias internacionales, para evitar una mayor erosión del Estado de derecho y garantizar el respeto a la independencia institucional.
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