La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) presentó este viernes un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por presunto delito de prevaricato judicial.
Según un comunicado del ente acusador, la investigación habría revelado que los funcionarios emitieron resoluciones contrarias a la ley, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
En ese sentido, de acuerdo con los informes fiscales, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano al haber presuntamente omitido una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en Pleno.
Así las cosas, el 27 de octubre, los dos magistrados del TJE resolvieron de manera irregular la recusación, sin conformar el quórum requerido y sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
Según el MP, la normativa exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
Es así que al participar en la resolución de la recusación planteada en su contra, Flores Urrutia infringió explícitamente la ley, invalidando jurídicamente dicha decisión.
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Sentencia definitiva sin quórum legal
Posteriormente, el 28 de octubre, Flores Urrutia y Barahona Rodríguez dictaron sentencia definitiva que declaró con lugar los recursos y ordenó al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos.
Esta resolución se emitió pese a que el TJE no contaba con la integración legal de tres magistrados propietarios ni suplentes, requisito indispensable para que el pleno sesione y tome decisiones válidas.
Esta presunta irregularidad, según el MP, refuerza la acusación de prevaricato, ya que la actuación se realizó de manera arbitraria y contraria a la normativa que regula el Tribunal.
El MP continuará con la investigación y seguirá los procedimientos legales correspondientes para determinar la responsabilidad de los magistrados en este caso que afecta la legalidad del proceso electoral.
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