El contubernio entre los privados de libertad y los policías asignados al sistema penitenciario es real y no ha sido controlado, ni siquiera en las cárceles de máxima seguridad.
Hace unos días, doscientos cuarenta y cinco mil lempiras fueron encontrados dentro de una unidad, propiedad de Instituto Penitenciario, donde se transportaban un policía militar y a 17 custodios.
Se asume que el dinero es producto de extorsión y los acusados pretendían introducirlo y entregarlo a cabecillas de la Mara Salvatrucha, internos en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
Apenas unos días antes, cinco efectivos encargados del resguardo de reclusorios habían sido detenidos por introducir granadas en El Pozo II, localizado en Morocelí, El Paraíso.
Los culpables se encuentran a la orden a la Dirección Policial de Investigaciones y del Ministerio Público. De su lado, funcionarios del Instituto Penitenciario han salido con el "socorrido expediente" que no van a tolerar acciones al margen de la ley de parte del personal asignado.
Se sabe que entre enero y octubre de este año, han sido suspendidos 50 empleados del sistema penitenciario por distintas faltas, pero la colusión entre autoridades, elementos de seguridad y agrupaciones delictivas es una realidad, aún en los recintos de máxima seguridad.
En junio de este año, se informó sobre el hallazgo de armas de grueso calibre, dinero y drogas luego de una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, que dejó tres reos muertos y varios heridos, lo que demuestra que los internos mantienen un absoluto control.
Este cáncer se ha expandido. No ha podido ser controlado por mucho que los funcionaros de la rama han abundado en las medidas implantadas en los módulos de extremo control donde están confinados los delincuentes más peligrosos.
En el pasado reciente, autoridades de la entonces Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos acusaron a los custodios asignados a los reclusorios de ser los culpables de la falta de orden y del tráfico de armas y de droga dentro de tales establecimientos.
Han sido los mismos policías quienes se han encargado de introducir mercancías prohibidas en los centros penales, como parte de una cadena de influencias, de tráfico y corrupción que se mantiene viva y que es sostenida por grupos criminales de alto impacto.
En la última década, la población penitenciaria se ha incrementado en un cien por ciento. Los recintos que presentan el mayor hacinamiento son los que operan en La Esperanza, Intibucá; Danlí, El Paraíso; Puerto Cortés, en Cortés; y Trujillo, Colón.
También presentan sobrepoblación las cárceles de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso. La relación entre los procesados y los condenados se mantiene en el mismo rango de mora.
Y mientras más crece el número de inquilinos de los reclusorios y son habilitados módulos para los delincuentes de más alta laya, también parece estrecharse la complicidad entre los privados de libertad, custodios y autoridades penitenciarias.
