Cada vez son mayores los reclamos de los empleados públicos que denuncian el incumplimiento en la entrega de sus sueldos y salarios, una circunstancia que coloca en serios apuros a las autoridades del país.
Apenas el martes, empleados organizados de varias instituciones públicas protestaron frente a la Secretaría de Finanzas en la capital.Los dirigentes sindicales se han preguntado: “¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no nos han pagado nuestros sueldos y salarios?
Personal por contrato de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central también salieron a protestar, porque no les han acreditado sus sueldos y salarios.
Varios de los afectados aseguran haber cumplido muchos años de labores, un criterio que –según alegan- les da derecho a la permanencia.
Se sabe que al menos 50 mil servidores del ámbito estatal se encuentran afectados por el retraso en la entrega de sueldos y salarios, según los datos proporcionados por los mismos líderes del movimiento generalizado de reclamos.
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La Secretaría de Finanzas informó que da cumplimiento a un programa de pago de sueldos y salarios a los empleados públicos que esta semana han arreciado sus demandas por el retraso en la entrega de su remuneración económica.
La masa salarial de Honduras siempre ha sido un obstáculo para la eficiencia del aparato gubernamental, debido a su peso y a que históricamente ha estado contaminado por el “parasitismo”.
Honduras es uno de los países que más destina fondos para mantener un aparato estatal muy obeso del que se alimentan actualmente alrededor de 236 mil empleados.
Los estudios enfocados en dicho tema revelan que por cada lempira recaudado, por lo menos 50 centavos van para los salarios de los trabajadores públicos, la proporción más alta de América Latina.
Por efecto de la pandemia covid-19, la captación de los tributos se ha ido al piso, de manera que a finales de 2020 se proyecta una disminución de 30 mil millones de lempiras.
En el período entre enero y junio de este año, el fisco dejó de recibir 15 mil millones de lempiras, lo que se ha manifestado en el drástico desplome de recursos disponibles para hacerle frente a los compromisos laborales.
Este desfase en el flujo de caja vuelve espinoso el manejo de la masa salarial, cuya disminución se ha planteado como una de las prioridades sobre las cuales nunca ha habido una intervención efectiva.
En la actual crisis económica, apenas se han tomado algunas disposiciones coyunturales como la prohibición para que sean otorgadas alzas salariales financiadas con recursos de tesoro nacional.
Y en lo que respecta a los contratos colectivos de trabajo, lo que se ha dispuesto es que las autoridades de cada dependencia estatal evalúen el balance financiero y establezcan si es posible o no cubrir tales beneficios.
De acuerdo con los “Lineamientos de Política Presupuestaria” para el año entrante se había previsto la asignación de 79 mil millones de lempiras, a efecto de sostener la población de los colaboradores del Estado, tanto en el gobierno central como en las instituciones descentralizadas.
La meta en este apartado es de mantener una relación de ocho por ciento entre la masa salarial y el Producto Interno Bruto (PIB), que todavía es considerado como inconsecuente con el debilitamiento que muestra el fisco hondureño.
