Indignación ha generado la agresión de dos jóvenes contra un hombre de la tercera edad en la comunidad de Sandy Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, zona insular de Honduras. El hecho fue captado en un celular y difundido en redes sociales.
De acuerdo a medios de la isla, los agresores son dos menores de edad, quienes golpearon con puñetazos y patadas al hombre que se encontraba solo en la playa en horas de la noche.
Tras la difusión del video en redes sociales, la madre del agresor decidió entregarlo voluntariamente a las autoridades policiales, con el fin de que responda por su participación en el ataque.
Menor golpea a adulto mayor junto a su amigo
La acción de la madre ha sido destacada por distintos sectores como un ejemplo de responsabilidad y colaboración con la justicia, aunque la población sigue exigiendo sanciones ejemplares por el violento acto.

El hecho ha encendido las alarmas sobre el aumento de la violencia juvenil en la zona, al tiempo que organismos defensores de derechos humanos y autoridades locales recalcan la importancia de programas de prevención y educación para evitar que menores se vean involucrados en conductas delictivas.
Hasta el momento, la Policía Nacional mantiene bajo custodia al menor y ha confirmado que se trabaja en la identificación y localización del otro joven que participó en la agresión.

Así se sanciona a los menores infractores en Honduras
En Honduras, los menores que cometen infracciones son juzgados bajo un sistema especial establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, que prioriza la educación y la reinserción social por encima del castigo.
Entre las medidas aplicables están la amonestación, la imposición de reglas de conducta hasta por 30 días, y la obligación de reparar el daño causado.
En casos más graves, un juez puede ordenar sanciones como libertad asistida, semilibertad o internamiento en centros especializados, según abogados.
Según el Código, la privación de libertad es considerada la última opción, reservada únicamente para delitos de mayor gravedad, y siempre con un enfoque garantista de los derechos del menor.
En cualquier caso, las penas cometidas por un menor son suspendidas al cumplir los 18 años.
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