Tres menores de edad nacidos en Estados Unidos, entre ellos, un niño de 4 años que recibe tratamiento contra un cáncer avanzado, fueron deportados a Honduras junto a sus madres la semana pasada, generando una fuerte ola de críticas por parte de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, según informó CNN.
La situación ha desatado preocupación en sectores legales, ya que, de acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración, las deportaciones ocurrieron sin respetar los procedimientos legales correspondientes.
Menor hondureño deportado, víctima del gobierno de Trump
Los hechos se dieron tras reuniones rutinarias de las madres con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, como parte del programa de control migratorio ISAP (Intensive Supervision Appearance Program o Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia).
Uno de los casos involucra a una madre que, luego de más de una década residiendo en el sur de Luisiana, fue citada junto a sus dos hijos a una oficina de ICE en Saint Rose.
Según relató su abogada, Erin Hebert, no se le permitió acompañarlos a la cita y, poco después, fue informada de su detención sin recibir detalles sobre su ubicación.
Aunque presentó una solicitud urgente para frenar la deportación, la familia fue expulsada a Honduras en menos de 24 horas.
Otro caso similar involucra a una embarazada que fue deportada junto a su hija de 2 años, pese a que una audiencia pendiente buscaba revisar el estatus legal de la menor.
Documentos judiciales revelaron que un juez había advertido que deportar a ciudadanos estadounidenses sería “ilegal e inconstitucional”.
La abogada Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración, denunció que estos hechos reflejan "una preocupante erosión del debido proceso" en los procedimientos migratorios.
Congresista pide ayuda a Xiomara Castro
Ante esta situación, la congresista estadounidense Norma Torres envió un mensaje a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitando apoyo urgente para el niño deportado que padece cáncer en etapa cuatro.
“Presidenta Castro, me dirijo a usted como madre, pidiendo ayuda para que esta familia pueda luchar contra el cáncer. La semana pasada, el presidente Donald Trump deportó a una madre hondureña y a sus hijos pequeños, quienes son ciudadanos estadounidenses, el menor no terminó su tratamiento", expresó Torres.
Por su parte, la máxima autoridad de Honduras, Xiomara Castro, expresó en su cuenta de X que sabía lo que estaba pasando y aseguró que respaldará a los afectados.
"Ofrezco todo nuestro respaldo a la madre de la menor en las decisiones que tome, y he ordenado dar seguimiento a las órdenes del juez", dijo Castro.
El zar de la frontera, Tom Homan, justificó que las deportaciones fueron solicitadas por las mismas madres para evitar la separación.
"Mantenemos a las familias unidas ( ... ) Lo que hicimos fue retirar a los niños con sus madres, quienes solicitaron que se fueran con ellas ( ... ) No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Sus padres tomaron esa decisión, no el gobierno de Estados Unidos", argumentó.
Sin embargo, una abogada advirtió que en uno de los casos a una madre solo se le dio dos minutos para tomar la decisión.
Medidas migratorias de Donald Trump
Desde su retorno a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias que han generado controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes.
El 20 de enero de 2025, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur de EE. UU., permitiendo el despliegue de tropas y la transferencia de jurisdicción de la "Reserva Roosevelt" al Departamento de Defensa. Esta franja de tierra, que abarca partes de Nuevo México, Arizona y California, ahora está bajo control militar para reforzar las operaciones de seguridad fronteriza.

Una de las medidas más polémicas ha sido el intento de eliminar el derecho de ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE. UU. Esta acción ha enfrentado múltiples desafíos legales y ha sido bloqueada por varios jueces federales que argumentan su inconstitucionalidad.
La administración Trump ordenó la expansión del Centro de Operaciones de Migrantes en la Base Naval de Guantánamo Bay para albergar hasta 30,000 migrantes considerados de "alta prioridad".
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