El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra un presunto integrante del 'Cártel del Diablo', a quien acusa por secuestro agravado en perjuicio del empresario Edwin Mauricio Castro, desaparecido en Yoro.
Castro fue reportado como desaparecido el 30 de julio de 2026. Días después, las autoridades localizaron su vehículo calcinado en el sector conocido como Las Balitas, aldea Ayapa, municipio de Yoro.
El Ministerio Público informó que equipos mantienen operativos de búsqueda en Sulaco y comunidades cercanas para ubicar al empresario y esclarecer lo ocurrido.

Captura de sospechoso por secuestro de empresario
Las autoridades detuvieron al sospechoso durante una operación ejecutada en Yoro. En la audiencia de declaración de imputado, el juez le impuso detención judicial y programó la audiencia inicial para el 10 de agosto.
La Fiscalía deberá presentar los indicios recopilados para sustentar la acusación. Mientras tanto, el imputado conserva su estado de inocencia hasta que un tribunal emita una resolución definitiva.
Pena por secuestro agravado
El artículo 240 del Código Penal de Honduras establece una pena de 12 a 15 años de prisión por secuestro agravado cuando concurre una circunstancia agravante. Si existen dos o más, la condena puede aumentar de 15 a 20 años. La norma también contempla la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la pena.
Operativos contra el Cártel del Diablo en Yoro
La Policía Nacional intensificó durante 2026 las acciones contra el Cártel del Diablo en Yoro y Francisco Morazán. Las autoridades atribuyen a esta estructura actividades relacionadas con secuestros, extorsiones, narcotráfico, sicariato y tráfico ilícito de armas y drogas.
En mayo, la Policía reportó ocho capturas de supuestos integrantes luego de operaciones desarrolladas en Sulaco, Yorito, Victoria, Yoro y Marale, relacionadas al secuestro y muerte del empresario Óscar Núñez.
Además, ubicó al presunto cabecilla Esteban Gumercindo Ferrera Rodas entre los diez más buscados y anunció una recompensa de 500,000 lempiras por información que facilite su captura.
El Ministerio Público también judicializó durante este año a varios supuestos miembros, entre ellos personas señaladas por brindar apoyo logístico, movilizar integrantes y suministrar armas.
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