No será sino a finales de este año o inicios de 2021 que el Ministerio Público formule los requerimientos con responsabilidad penal contra los autores de la compra de los hospitales móviles.
La Fiscalía informó que las acciones legales en este caso, que involucra a los anteriores funcionarios de Inversiones Estratégicas (Invest-H), se llevarán a efecto cuando concluya la entrega de las siete estructuras.
Como sabe, en territorio nacional solamente se encuentran cuatro de tales centros asistenciales temporales que unos llaman “carpas”, otros denominan “tiendas” y muchos más califican como “hospitales reciclados” o “chatarra”.
Se supone que la unidad que ha sido instalada en San Pedro Sula, Cortés, entraría en operación en los próximos días y el que fue instalado en Tegucigalpa, Francisco Morazán, lo haría dentro de 15 días. Por lo menos esto es lo que han expuesto los interventores de Invest y superiores de la cartera ministerial de Salud.
En Puerto Cortés ya fueron desembarcados 68 contenedores de otros dos hospitales móviles que arribaron el fin de semana desde Turquía y que han sido destinados para abordar a los pacientes covid en Choluteca y Copán.
La inspección de tales es conducida por elementos de la Fiscalía, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de expertos en bio-medicina, encargados de contrastar lo recibido con la orden de compra gestionada por el intermediario Axel López, representante de Elmed Medical Systems.
Los otros tres hospitales arribarían en noviembre o diciembre, por lo que se asume que los requerimientos fiscales por este caso serían librados al término de 2020 o inicios de 2021.
Un sector de industriales de la zona norte, la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Colegio Médico, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Social de la Deuda Externa y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), se han pronunciado a favor de acciones más determinantes contra los causantes de haber mal invertido 1,200 millones de lempiras en la adquisición de siete hospitales móviles, ninguno de los cuales entra en funcionamiento todavía.
En seguimiento de esta línea de persecución penal, el Ministerio Público investiga al ex director de Inversiones Estratégicas (Invest-H), Marco Bográn, y ha llamado a comparecer a funcionarios de la referida dependencia, lo mismo que a autoridades de la Secretaría de Salud.
Los informes conservadores sobre la operación de compra de siete hospitales móviles, catalogada como una “estafa” y como un abominable “acto de corrupción”, señalan que el perjuicio económico para Honduras ronda los 900 millones de lempiras.
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