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La justicia hondureña avanza en un nuevo caso de corrupción. El Ministerio Público (MP) informó que se dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra diez personas señaladas de fraude en perjuicio de la Alcaldía de San Pedro Sula por más de 45.5 millones de lempiras.



Durante la audiencia inicial, el MP presentó pruebas que vinculan a funcionarios y exfuncionarios con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., a la que se le adjudicaron 330 contratos, supuestamente fraudulentos, para proyectos de mejoramiento vial. 



Según las investigaciones del Ministerio Público, estos contratos mostraban irregularidades, como fraccionamiento de obras (para no hacer licitaciones), incumplimientos y transacciones relacionadas con el lavado de activos.



Las medidas judiciales alcanzaron a Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representante de la empresa. 



También fueron procesados Andrea Faviola Perdomo Delgadillo, Malcos Jonathan Morales Corea, Osman David Chávez Orellana, Denys Jamil Paz Martínez, Eunice Alejandra Amaya Barnica, Marlen Karina Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal) y Walter Manuel Cartagena (exdirector de Vías).



<h2>Pruebas del MP sobre cómo operaba HERCOD</h2>



El ente acusador detalló que la constructora no contaba con maquinaria ni personal para ejecutar los proyectos. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) solo aparecía registrada una trabajadora, su representante legal. 



Además, los pagos se autorizaron sin informes de avance ni de finalización. Tras recibir fondos de 33 contratos, Ávila Ortega transfirió el dinero a cuentas compartidas con su esposo.



Posteriormente ese dinero era triangulado hacia cuentas del yerno del alcalde Roberto Contreras, Steven Fajardo, según las mismas investigaciones del Ministerio Público. Esta persona, que se encuentra prófuga, no era funcionario municipal sino que fungía como asesor.



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<h3>Defensa cuestiona medida de prisión </h3>



Por su parte, el abogado defensor Dagoberto Aspra cuestionó la medida de prisión preventiva: “Todo el sistema a la gente la quieren meter presa, necesitan levantar un perfil de un sistema de justicia a punto de mandar a toda la gente presa”.



El caso se suma a la lista de procesos judiciales por corrupción en gobiernos locales, que mantienen la atención de la ciudadanía en medio de la lucha contra la impunidad.



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