El Ministerio Público informó sobre la apertura de un proceso judicial contra Vilma Sabina Flores Bengoché y Junior Antonio Flores Bengoché, madre e hijo respectivamente, acusados de trato degradante y omisión de los deberes de impedir delitos y violación.
Además, a Junior Antonio se le imputa el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La captura se realizó el martes 18 de noviembre mediante operativos del equipo especializado en delitos contra la libertad sexual y trata de personas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras investigaciones que sustentan las imputaciones.
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¿Cómo ocurrió al abusó?
Según el informe oficial, la menor quedó bajo cuidado de la señora en Puerto Cortés. Durante su permanencia, la niña habría sufrido tratos degradantes, incluidos insultos públicos y asignación de labores domésticas excesivas.
Por su parte, Junior Antonio presuntamente agredió sexualmente a la menor mientras su madre estaba ausente. La Fiscalía señala que la madre conocía los hechos y no tomó medidas para proteger a la niña.
Ambos imputados permanecerán bajo detención judicial, y la audiencia inicial se programó para este 21 de noviembre de 2025, conforme al proceso legal vigente.
Penas previstas por la ley hondureña
- Trato degradante: 1 a 5 años de prisión, agravada por reincidencia o daño grave.
- Omisión de deberes de impedir delitos: 1 a 3 años de prisión, aumentada si favorece un delito grave.
- Violación (Artículo 249 del Código Penal): 9 a 13 años de prisión, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena, incrementable en un tercio si hay violencia o intimidación.
La ley considera circunstancia agravante cuando la víctima es un menor bajo la responsabilidad legal del imputado, por lo que las penas podrían acercarse al máximo permitido.
Recomendaciones para prevenir malos tratos a menores
Las autoridades recomiendan supervisión constante de los niños, fomentar comunicación abierta, educarlos sobre sus derechos, y reportar cualquier indicio de abuso a las instituciones competentes.
Estas medidas buscan proteger a los menores y prevenir situaciones de maltrato físico, psicológico o sexual.
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