Dramáticos son los testimonios de ciudadanos, la mayoría de la tercera edad, que han estado esperando más de dos años, y posponiéndoseles hasta en siete ocasiones, las citas para operaciones selectivas en los hospitales del país debido a la mora quirúrgica.

Más de un millón y medio de compatriotas no tienen acceso a los servicios públicos de salud, mientras 10 mil pacientes que acuden a las consultas externas e internas logran ser examinados por apenas 4 médicos generales, el promedio regional de médico por paciente más bajo de Centroamérica.

En su dimensión más descarnada e inhumana: la vulneración de un bien público y un derecho social inclusivo y fundamental.

Cuando el Estado de Honduras apenas invierte 100 dólares por persona en la atención sanitaria primaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina que es de casi 400 dólares, se transgrede también el derecho a un sistema de protección sanitaria que debería proporcionar a la población hondureña, sin discriminación alguna, las mismas oportunidades de alcanzar el nivel más digno y eficiente de salud.

Mora quirúrgica y derecho universal a la salud

Es el más crudo diagnóstico de que en Honduras la salud dejó de ser un derecho humano fundamental, mientras la inequidad en el acceso de la población al sistema sanitario público y a la medicina preventiva, y no digamos a practicarse una cirugía selectiva, terminó convirtiéndose en una patología casi en etapa terminal.

La dolorosa realidad que expone la fragilidad de un sistema colapsado por las profundas desigualdades y falencias estructurales y sociales, que superaron los beneficios que, como país, capitaliza el hecho de tener una población sana dentro de un sistema en el que el acceso a la salud sea un derecho y no un privilegio.

Mientras el indicador meta de la Organización Mundial de la Salud establece que una cirugía no debe posponerse más allá de los 30 días, en Honduras un paciente con una cita para cirugía programada debe esperar hasta dos años.

Una inaceptable como injustificable mora quirúrgica.

Que en tres hospitales públicos unas 10 mil operaciones no se realicen o se pospongan por meses o años, a pesar de haber sido programadas, evidencia la pobre capacidad de gestión de un sistema desbordado, que le ha cerrado las puertas a los servicios de salud a la población hondureña en general.

La crisis profunda y la tragedia sanitaria expresada en las inhumanas filas diarias que cientos de pacientes tienen que hacer en busca de atención médica o de una cita con un especialista que terminará evaluándolos, cuatro, cinco y hasta siete meses después de que se las dan.

Inaceptable sigue siendo que el sistema sanitario público solo disponga de 9 especialistas para unos 10 mil pacientes, mientras en departamentos con alta densidad poblacional como Cortés sólo haya 13 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes.

Es una violación al derecho fundamental a la salud universal que sólo el 3,8 por ciento del presupuesto global de salud sea destinado para la compra de medicamentos y material quirúrgico, en tanto un hospital del Estado no puede disponer de los fondos para contratar un nefrólogo más, para que el único especialista en esa rama de la medicina no tenga que atender a unos 800 pacientes renales que en promedio le toca a él solo revisar.

La salud en Honduras no puede seguir siendo considerada como un privilegio. La cobertura universal y la humanización, que no es ni por cerca un objetivo minúsculo, será hacerle justicia a la dignidad del pueblo hondureño.

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