El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero del Congreso Nacional (CN); Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa; y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de Pagaduría.
Los tres imputados enfrentarán cargos por los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, y daños a datos y sistemas informáticos.
según el MP, la acusación se basa en una serie de acciones realizadas entre noviembre de 2021 y enero de 2022, en las cuales los imputados, al parecer, sustrajeron documentos clave de los departamentos de pagaduría, contabilidad y dirección administrativa del CN, con el fin de ocultar irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.
En ese sentido, el MP detalló que los acusados bajo el pretexto de proteger la documentación de la administración entrante (2022-2026) trasladaron los documentos a viviendas particulares, donde finalmente fueron destruidos.
Entre los materiales quemados se encontraba información vital que contenía evidencias de presuntas irregularidades financieras.
Además, un análisis forense reveló que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos, indica el informe del MP.
"También se descubrió que los imputados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos y realizaron cambios en los sistemas operativos para eliminar evidencia financiera, todo como parte de un plan sistemático para bloquear futuras investigaciones y proteger a exfuncionarios responsables de la gestión de fondos del Estado", añadió el MP.
El Ministerio Público ha dejado claro que la acción penal será implacable frente a quienes intenten ocultar sus malas gestiones, y que se tomará una postura firme para garantizar que no haya impunidad en los poderes del Estado.
¿Cómo sanciona el Código Penal de Honduras los daños a datos y sistemas informáticos?
El Código Penal establece en su Artículo 399 que quien, por cualquier medio y sin autorización, introduzca, borre, altere, destruya o haga inaccesibles de forma grave datos informáticos, enfrentará una pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, o una multa de cien (100) a trescientos (300) días.
Además, quien inutilice total o parcialmente el funcionamiento de un sistema informático, impidiendo su acceso o afectando el desarrollo de sus servicios, se enfrentará a una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, o una multa de cien (100) a cuatrocientos (400) días.
Últimos requerimientos del MP
El 9 de enero, el Ministerio Público informó que se encuentra realizando las diligencias previas sobre nuevas acciones judiciales contra varios diputados y exdiputados del Congreso Nacional, así como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Estas acciones estarían ligadas a presuntas irregularidades en el manejo de recursos del denominado 'Fondo Departamental'.
También el 5 de enero, el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, fue capturado por el crimen de Isy Obed Murillo, tras un requerimiento fiscal emitido por el MP.
En este caso, también se detuvo al exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Venancio Cervantes Suazo; y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez. Actualmente los tres gozan de la medida de arresto domiciliario.
Hace unos meses el fiscal general, Johel Zelaya, advirtió que vendrían varios requerimientos fiscales por actos irregulares.
