La muerte múltiple de 12 personas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, provocó cuestionamientos a las autoridades de Seguridad y propuestas para combatir el crimen organizado en Honduras.

Los ataques, cuya autoría se atribuyó el presunto líder del Cártel del Diablo, ocurrieron durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillos y Pacayal. Las autoridades investigan quiénes participaron en los hechos.

Ante este escenario, especialistas plantearon restricciones temporales, operativos conjuntos y cambios en la conducción policial para evitar nuevas tragedias.

Toque de queda de 90 días tras masacre en Yoro

El experto en seguridad Edgardo Mejía propuso establecer un toque de queda durante 90 días para permitir que las fuerzas de seguridad reorganizaran sus operaciones y reforzaran la lucha contra las estructuras criminales.

Mejía cuestionó a los propietarios de negocios nocturnos que rechazan posibles restricciones, pues considera que la situación exige solidaridad con las familias de las víctimas.

También planteó conceder 30 días a la cúpula policial para capturar a los líderes de las organizaciones responsables. Si no alcanza ese objetivo, solicitó al Presidente destituir a los funcionarios encargados de la seguridad.

Estado de excepción y 5,000 agentes: propuestas contra la violencia

Por su parte, el exintegrante de la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, pidió decretar un estado de excepción en la zona afectada y coordinar una intervención de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.

Rivera también sugirió crear una fuerza de tarea conjunta, con respaldo ciudadano, para enfrentar a los grupos criminales y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

Mientras tanto, el abogado Fernando González criticó los resultados de las autoridades pese al elevado presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

Como respuesta, propuso desplegar al menos 5,000 agentes en la región e impulsar medidas estrictas para prohibir la portación de armas de fuego mediante decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las tres propuestas reflejan la presión por respuestas inmediatas, aunque su aplicación requeriría evaluar su legalidad, alcance y efectos sobre los derechos de la población.

La Policía continúa investigando los cuatro ataques y debe esclarecer las responsabilidades individuales en cada caso.

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