Tal y como ha sido confirmado por la propia Casa Blanca, Honduras, es uno de los países que, junto con Guatemala y México, ha convenido con la administración Biden reforzar la frontera para impedir el flujo migratorio irregular.
Los datos que se han dado a conocer destacan que Honduras se ha comprometido a materializar la movilización de 7000 policías y militares que tendrán la misión de resguardar los pasos de tránsito de los indocumentados y también de los grupos de traficantes y criminales.
Guatemala desplazará a unos 1,500 hombres a su línea divisoria con México y ha anunciado la colocación de 12 puntos de control, en tanto que el gobierno azteca ha informado que mantendrá en su frontera con Estados Unidos unos 10,000 efectivos.
Las medidas adoptadas por la gestión del presidente Joseph Biden son el resultado de las negociaciones que se iniciaron la semana anterior, cuando personeros de alta categoría norteamericanos se reunieron con autoridades de Honduras y Guatemala.
Estados Unidos ha cambiado su estrategia. En el pasado reciente estuvo enfocado en el combate a la violencia, pero hoy día sus acciones están dirigidas a enfrentar la emigración ilegal y la corrupción en Honduras y en el resto de países del Triángulo Norte.
Está claro que Biden busca cómo regular la emigración; es por ello que ha destinado cuatro mil millones de dólares para combatir los problemas que incentivan la emigración irregular.
Y es que cada día son detenidos más de 5,000 emigrantes en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, en su mayoría indocumentados oriundos de Honduras, de conformidad con los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Un fenómeno que provoca la mayor inquietud de las autoridades del norte es que hasta la última semana de marzo se habían contabilizado más de 11,000 menores no acompañados de varias nacionalidades que habían llegado a la zona desde la cual pretendían cruzar a territorio estadounidense.
La información manejada por los organismos defensores de los derechos humanos y por los analistas independientes señala que, en promedio, cada 24 horas se van del país un mínimo de 300 compatriotas que aseguran que no encuentran posibilidades de salir adelante en el territorio nacional.
Cada vez será más difícil para ellos atravesar la ruta migratoria y llegar a Estados Unidos. Derivado de los acuerdos alcanzados en los días precedentes, los indocumentados se enfrentarán a varios muros en los puntos limítrofes con Guatemala y México que estarán protegidas por al menos 20,000 hombres, entre policías y militares.
Expertos en temas migratorios y en Derecho Internacional han apuntado que no tendrá efecto alguno si el Gobierno no responde a las necesidades de toda la masa de hondureños que están deprimidos por la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad social.
El crecimiento del éxodo de hondureños significa que en el país no han mejorado las situaciones de violencia, inseguridad e inequidad socio-económica y que la impunidad y la corrupción se han enraizado. Estados Unidos ha intensificado su llamado a que las autoridades del país hagan lo pertinente para construir opciones de vida digna para los hondureños e impedir que la gente emigre de manera ilegal.
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