La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó este jueves 12 de noviembre sobre riesgos graves para los derechos humanos derivados de recientes reformas penales.
A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por las reformas legales en materia penal aprobadas a finales de octubre de 2026 en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Aunque la Oficina de las Naciones Unidas reconoció los desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada, resaltó que las medidas que debe adoptar el Estado ante esa situación deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, la OACNUDH identificó que las disposiciones en los Decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, sobre todo en relación con el delito de asociación terrorista, presentan un riesgo para derechos y garantías fundamentales, como ser:
- La presunción de inocencia.
- El debido proceso.
- La libertad personal.
- La igualdad ante la ley.
- Las garantías judiciales.
- La inviolabilidad del domicilio.
Codeh sobre alerta de la OACNUDH respecto a riesgos por reformas penales
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, destacó en el programa La Tarde, de HRN y TSi, que habían adelantado que iban a comenzar a llegar las recomendaciones de organismos internacionales debido a las recién aprobadas reformas penales en Honduras.
Además, advirtió que también llegarían las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Maldonado consideró que las recomendaciones internacionales deben analizarse con responsabilidad y sin convertirlas en un conflicto político.
"Antes de ver un problema partidista, debe de tomarse las medidas que se puedan tomar como Gobierno, como Congreso Nacional", expresó.
También resaltó que las medidas que estén tomando las autoridades como política pública contra la violencia y la criminalidad deben dejar resultados positivos para el país.
"No debemos de desaprovechar la oportunidad de decir que queremos resultados y que las medidas que se estén tomando, como política pública contra la violencia y la criminalidad, (dejen) a fin de año resultados positivos para poder decir 'Vamos en una ruta de encontrarnos a nosotros mismos y vamos a estar durmiendo viviendo en paz y tranquilidad", precisó Maldonado.
Codeh acompañará proceso tras aprobación de reformas penales en Honduras
El presidente del Codeh también manifestó que, como organismo de derechos humanos, acompañarán este proceso debido a que, según resaltó, Honduras "no merece vivir en la zozobra" del narcotráfico y la corrupción de los grupos delictivos.
"Honduras debe reencontrarse", reiteró, explicando que se refiere a la importancia de que los buenos hondureños, 'que son más', puedan tener "un control del país de la forma pacífica".
Con ello, aclaró que no callarán las violaciones a los derechos humanos, pero le apuestan a las acciones del Gobierno "para encontrar la paz y la tranquilidad".
"Vamos a seguir ejerciendo nuestro trabajo en acompañamiento a las nuevas víctimas que pueda dar este proceso", aseguró.
De esa manera, señaló que el deseo del Codeh es que los órganos de Seguridad del Estado actúen con la sensatez del caso y que se alíen con la sociedad hondureña, en lugar de estar confrontada con ella.
Por otro lado, el presidente del Codeh reconoció que Honduras podría enfrentar sanciones debido a esta situación, aunque reiteró que lo importante es la paz y tranquilidad de la población.
"Puede haber sanciones, pero aquí lo que se está buscando es la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño", precisó Maldonado.
Preocupación de las Naciones Unidas
La OACNUDH recalcó que observa "con preocupación" que el conjunto de medidas aprobadas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que "se asemejan a facultades propias de un estado de excepción sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
Ante ello, la Oficina recordó que dichas medidas tienen que ser de carácter excepcional, temporal, proporcional, no discriminatorias, y sujetas a control judicial y legislativo.
También señalaron que estas medidas podrían generar impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.
También —agrega el comunicado— podrían incrementar el riesgo de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social, defensa de derechos humanos y restricciones al espacio cívico.
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