El gobierno que encabeza el presidente Nasry Asfura oficializó la reestructuración del aparato estatal mediante el PCM 02-2026, aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa redefine la organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo, con la eliminación de varias dependencias creadas en administraciones anteriores como parte de una estrategia de reducción institucional y reorganización administrativa.
Secretarías suprimidas
Entre las entidades suprimidas figuran la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica —que ya había sido anunciada—, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia, así como programas gubernamentales como Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria.
La publicación del PCM 02-2026 marca el primer ajuste estructural del nuevo gobierno y establece una reorganización profunda del aparato estatal, con la supresión de instituciones, la redistribución de competencias y la derogación de decretos vigentes.
Derogó antigüedad laboral acumulada
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación del Acuerdo Ejecutivo PCM 30-2025, aprobado el 14 de octubre de 2025, que autorizaba reconocer la antigüedad laboral acumulada por empleados contratados que posteriormente pasaban a modalidad de nombramiento permanente.
El PCM 30-2025 establecía en su Artículo 1:
“Se autoriza reconocer la antigüedad laboral del personal activo y que laboró bajo la modalidad de contrato en una institución y que pasó a la modalidad de Acuerdo de Nombramiento (permanencia) en la misma institución donde prestó sus servicios por contrato… siempre y cuando haya laborado de manera ininterrumpida por contrato”.
Con su derogación, ese reconocimiento automático deja de tener vigencia, lo que abre un nuevo escenario administrativo y laboral dentro del sector público, especialmente en lo relacionado con cesantías, vacaciones y derechos derivados del tiempo de servicio.
Intervenciones en instituciones públicas
El decreto también ordena la intervención de varias entidades estatales con el objetivo de revisar su funcionamiento administrativo, financiero y operativo.
Entre las instituciones sujetas a este proceso figuran el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, así como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación.
La medida busca evaluar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y aplicar correctivos que permitan mejorar la prestación de servicios y la ejecución de políticas públicas en estas dependencias clave del Estado.
Reforma también elimina decreto laboral y cambia modelo aeroportuario
El PCM 02-2026 también derogó parcialmente el artículo 4 del PCM 23-2023, que regulaba el reglamento de organización del Ejecutivo, y dejó sin efecto el PCM 17-2023.
El PCM 23-2023 modificaba el funcionamiento de diversas secretarias y direcciones; mientras que el 17-2023 ordenaba la creación del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) para administrar los aeropuertos.
El nuevo decreto ejecutivo restablece el esquema institucional definido en el PCM 84-2020, devolviendo funciones a la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, que operará nuevamente bajo la coordinación del sector infraestructura del Estado.
La reforma también reorganiza programas sociales y estructuras consideradas duplicadas, en un intento por centralizar funciones, reducir el gasto operativo y redefinir la gestión gubernamental bajo un modelo más concentrado.
Con esta decisión, el gobierno inicia una etapa de cambios legales y operativos que impactarán tanto la estructura del Estado como la situación laboral de miles de empleados públicos, mientras se implementan los nuevos lineamientos definidos en el PCM 02-2026.
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