Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional (PN), acusado por fraude contra el Estado de Honduras, se defenderá en libertad en el caso en su contra, tras audiencia celebrada en la que se dictó el cambio de medidas.
De esta manera, Nelson Márquez seguirá el caso en su contra, pero en libertad, mientras se realizan las acciones judiciales.
Tras recuperar su libertad, Márquez aseguró que "aprovechará cada minuto para defender la democracia y los derechos del pueblo hondureño".
"Desde el inicio, no se presentó ninguna prueba que nos vinculara a responsabilidad alguna", declaró Márquez durante una entrevista a medios de comunicación, cuando añadió que "nunca recibió dinero que no correspondiera a su sueldo legal" y que siempre ha actuado dentro del marco de la ley.
Del mismo modo, el legislador destacó "el respaldo de la población de Intibucá", mencionando tanto a adultos mayores como a jóvenes que se acercaron a su residencia para manifestarle su apoyo.
"Pueblo de Intibucá, estamos más listos que nunca y con la ayuda de Dios vamos a fortalecer la democracia en nuestro país", afirmó.
Argumentación jurídica y cambios en medidas cautelares
Por su parte, el abogado Dagoberto Aspra, defensor legal de Nelson Márquez, explicó que la revocación del arresto domiciliario se basó en criterios jurisprudenciales internacionales y en el estándar interamericano sobre prisión preventiva.
En ese sentido, señaló que mantener a Márquez bajo arresto violaría sus derechos políticos y podría generar una demanda internacional en materia de derechos humanos.
Asimismo, Aspra detalló que, ante la duración excesiva de la audiencia inicial, todos los acusados mostraron voluntad de someterse a la justicia, lo que llevó al tribunal a sustituir el arresto domiciliario por cuatro medidas: presentación periódica mensual, prohibición de salir del país, restricción de comunicación entre acusados y caución económica individual.
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Sobre la acusación contra Nelson Márquez
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), presentaron un requerimiento fiscal contra una red que presuntamente habría defraudado más de 3,000 millones de lempiras al Estado.
Entre los acusados figura el diputado Nelson Márquez, señalado por promover pagos millonarios basados en un laudo arbitral sin validez legal.
El presunto fraude se originó tras el huracán Mitch, en 2000, cuando el Estado otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que subcontrató ilegalmente a la empresa nacional NAINSA.
Años después, según lo detallado por el Ministerio Público (MP), ambas compañías presentaron demandas fraudulentas para simular litigios y obtener pagos indebidos, ignorando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nunca homologó el laudo arbitral.
De tal modo, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó el 29 de julio, la captura de Nelson Márquez junto a otras tres personas, entre ellas Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio.
Las investigaciones indican que parte del dinero defraudado fue depositado en cuentas personales de los implicados, evidenciando un esquema sistemático de corrupción que involucró también a exfuncionarios y jueces.
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