Dagoberto Aspra, abogado defensor de Nelson Márquez, confirmó este viernes que el juez encargado del proceso penal contra el diputado del Partido Nacional, rechazó la solicitud de cambio de medidas cautelares presentada por la defensa.
De esta manera, el congresista seguirá bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación por un presunto fraude millonario al Estado.
Al respecto, Aspra explicó que, pese a que el equipo legal ofreció garantías y fianzas hipotecarias para respaldar la libertad del parlamentario, el juez consideró que no eran proporcionales al daño estimado en 300 millones de lempiras.
El abogado defensor Dagoberto Aspra confirmó que el juez encargado del caso rechazó la solicitud de cambio de medidas para el diputado Nelson Márquez.
"El juez consideró que la fianza hipotecaria presentada no es suficiente en relación al daño que él estima en 300 millones de lempiras", señaló Aspra a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Agregó que la defensa ofreció todo el patrimonio familiar del congresista para respaldar su libertad, pero "él no lo ha valorado así".
Aspra también explicó que, según el juzgado, el plazo legal para revisar las medidas aún no se cumple.
"La revisión de medidas corresponde cada tres meses y no ha transcurrido ese tiempo", indicó. Reiteró que su equipo ya interpuso un recurso de reposición y que en su momento presentará la apelación respectiva.
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Caso Nelson Márquez: fraude por L300 millones
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), presentó el 29 de julio un requerimiento fiscal contra una red señalada de defraudar más de 3,000 millones de lempiras.
Entre los implicados figura Nelson Javier Márquez, actual congresista y exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Según el Ministerio Público, Nelson Márquez promovió un acuerdo extrajudicial basado en un laudo arbitral sin validez legal, a pesar de conocer su nulidad.
Esta acción facilitó pagos millonarios a un empresario estadounidense que forman parte del esquema de fraude investigado.
Origen del presunto fraude
El caso se remonta al huracán Mitch en el año 2000, cuando el Estado otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., no autorizada para operar en Honduras. La compañía subcontrató de forma irregular a la firma nacional NAINSA.
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Es así que en 2001, la cooperación internacional canceló los fondos por irregularidades, pero años después ambas empresas presentaron demandas fraudulentas sustentadas en un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones apuntan a que las empresas actuaron coordinadamente para simular litigios y obtener pagos indebidos, parte de los cuales fueron depositados en cuentas personales de los implicados.
Imputados y capturas recientes por caso DRC Inc.
De tal manera, el requerimiento fiscal también involucra a exfuncionarios como Lidia Cardona, Martha Doblado y Eva Vásquez, así como a los jueces Irissabel Miranda y Raymundo Gradiz, acusados de ignorar la nulidad del laudo para ordenar pagos ilegales.
Asimismo, se señala al abogado Murray Paul Farmer y a Juan Fernando Madrid, representante legal de NAINSA, por fraude.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó en su momento en redes sociales la captura de Nelson Márquez y de otras tres personas: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio.
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