El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartél Jalisco Nueva Genración (CJNG) durante un operativo federal el 22 de febrero de 2026 dejó al descubierto documentos que detallan presuntos movimientos financieros de su organización criminal.
De acuerdo con reportes periodísticos publicados por El Universal, en una de las cabañas utilizadas por el capo en Tapalpa se localizaron registros que describen pagos a sicarios, aportaciones de jefes regionales-plazas- y gastos logísticos de la estructura delictiva.
Entre los apuntes hallados figuran montos asignados a distintas operaciones identificadas con claves como “Torpedo”, con un gasto de 74 mil dólares; “Tayson”, con 40 mil dólares; y “Chaleco”, con 23 mil dólares.
Asimismo, aparece un registro denominado “Policía Tapalpa” por 138 mil dólares, lo que investigadores analizan como un posible pago ilícito.

Ganancias millonarias y presuntos sobornos
Uno de los documentos señala que, solo en diciembre, dos comunidades de Jalisco habrían generado más de 900 mil dólares netos (unos 15.5 millones de pesos mexicanos o 23.8 millones de lempiras), reflejando el volumen económico de las operaciones criminales.
Otro de los análisis periciales menciona presuntos sobornos destinados a mantener la capacidad operativa del grupo.
Según las fuentes citadas, la llamada “narconómina” incluiría pagos dirigidos a directores policiales, funcionarios públicos y mandos de la Guardia Nacional, datos que ahora forman parte de las investigaciones en curso.
Muerte de El Mencho, líder del CJNG
El líder criminal El Mencho murió tras un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano, apoyados por labores de inteligencia. Inicialmente resultó herido y lo trasladaron por vía aérea desde Guadalajara hacia Ciudad de México, pero falleció durante el trayecto, según reportes preliminares.
Las autoridades mexicanas analizan ahora la documentación decomisada como parte de las pesquisas financieras y penales que buscan desmantelar la red logística, económica y de protección institucional que habría permitido al grupo criminal operar durante años.
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