La disolución de esas 10 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua, y el mismo día en que esa cartera cumple 44 años de fundación.
Según Gobernación, ilegalizaron 5 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras 5 fueron canceladas por disolución voluntaria.
Esa cartera argumentó que cerró de forma unilateral esas 5 ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 10 ONG, suman casi 3,500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
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Fundación no recibía donaciones para continuar sus proyectos
Entre las ONG ilegalizadas se encuentra la Fundación Victoria-Compañía Cervecera de Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, debido a la falta de miembros para consolidar su junta directiva y a que no reciben donaciones para continuar sus proyectos.
La Fundación Victoria estaba autorizada por el Estado para ofrecer carreras de nivel técnico medio y un programa de formación integral que promovía el desarrollo de competencias técnicas y conductuales, que hacen que sus egresados se incorporaran rápidamente al mundo laboral al finalizar su carrera, según su página web.
Sus operaciones y un "amplio programa de becas para jóvenes de escasos recursos" eran financiadas por la Compañía Cervecera de Nicaragua, de acuerdo con la información.
La Fundación también estaba autorizada para ofrecer cursos de habilitación dirigidos a colaboradores de empresas del sector productivo.
También solicitaron la disolución voluntaria los organismos Bremen Overseas Research and Development Asociation, Asociación Ministerio Pentecostés Ensanchando el Reino de Jesucristo, Asociación Centro de Atención Integral Edipcia y Manuela, y Asociación de Ganaderos de Cárdenas.
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El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce "más de 300".
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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