"La IFRC (Federación Internacional de la Cruz Roja, por sus siglas en inglés) está profundamente preocupada por la disolución de nuestra Sociedad Nacional miembro, la Cruz Roja Nicaragüense", señaló.
Esta situación "podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado", indicó el organismo internacional en una declaración dada a EFE.
"En este momento estamos monitoreando de cerca la situación y evaluando la mejor manera de proceder. A partir de los resultados de ese análisis, informaremos sobre nuestros próximos pasos", agregó la Cruz Roja Internacional.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sancionó este jueves la iniciativa de Ley que clausura y decomisa los bienes de la Cruz Roja Nicaragüense, una organización humanitaria que funcionaba desde 1931 tras un terremoto que sacudió Managua, a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo, derogó el miércoles con carácter urgente un decreto legislativo de 1958 que creó legalmente la Cruz Roja Nicaragüense.
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Ortega también dio su visto bueno para la creación de una nueva "Cruz Roja Nicaragüense", adscrita al Ministerio de Salud, y que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Cruz Roja Nicaragüense pasen a ser propiedad del Estado y administrados por la nueva organización humanitaria estatal.
Los diputados sandinistas y sus aliados argumentaron que la Cruz Roja Nicaragüense actuó en contra de sus principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad en las manifestaciones que estallaron hace cinco años contra el Gobierno, cuando la institución brindó auxilio a miles de heridos.
Las protestas de 2018 dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa desde entonces una crisis política y social que se acentuó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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