El Congreso de Estados Unidos habría fijado un ultimátum al Poder Ejecutivo para abordar la crisis política en Nicaragua.
Según información divulgada por Nicaragua Investiga, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes otorgó un plazo máximo de 90 días al Departamento de Estado para entregar una estrategia formal dirigida a respaldar la transición democrática en el país vecino.
La disposición exige que el secretario de Estado, Marco Rubio, rinda cuentas directas ante los legisladores estadounidenses tras la promulgación del presupuesto fiscal.
Estrategia para frenar a la dictadura y potencias rivales
De acuerdo con Nicaragua Investiga, el plan diplomático de Estados Unidos debe priorizar la restitución de las libertades fundamentales, el respeto a los derechos humanos y la liberación del espacio cívico e institucional en Nicaragua.
Asimismo, Washington busca mecanismos efectivos para contener la creciente presencia e injerencia geopolítica de la República Popular China e Irán en la región centroamericana.
Para respaldar estas acciones, el texto presupuestario destina 15 millones de dólares enfocados exclusivamente en la promoción de la gobernanza y los derechos democráticos.
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Así las cosas, el portal citado narró que durante una audiencia legislativa en Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar confirmó que Nicaragua comparte el máximo nivel de alerta estratégica junto a Cuba y Venezuela.
En tal sentido, Salazar advirtió que las maniobras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perpetuarse en el poder no quedarán impunes ante la comunidad internacional.
Por su parte, el Departamento de Estado mantendrá sanciones financieras estrictas a sectores clave del régimen, como la industria del oro.
Washington sigue con alarma la presencia militar rusa con inmunidad judicial y la construcción del aeropuerto de Punta Huete con fondos chinos por considerarlos una amenaza a la seguridad regional.
Alerta por sucesión dinástica y fin de las elecciones
Sobre la misma línea, esta semana analistas del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierten que la pareja dictatorial acelera reformas constitucionales para instaurar una copresidencia y consolidar un régimen familiar.
Estas modificaciones legales buscan anular formalmente la participación de la oposición y bloquear cualquier intento de alternancia en el poder.
La postura del régimen quedó sellada tras las recientes declaraciones de Daniel Ortega, quien meses atrás descartó públicamente la realización de nuevos comicios en la nación centroamericana.
Con esta decisión, el régimen consolida un modelo autocrático permanente que impacta directamente en la estabilidad de toda la región.
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