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"Es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones, a la que los empleados públicos tienen derecho, solo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un Estado corrupto", soltó en su homilía Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por motivos de seguridad.



"Es otro modo de arrebatar el pan y la dignidad a los demás”, agregó el prelado en su mensaje, que desde que llegó a Miami en 2019 cumple su misión pastoral en la parroquia de Santa Agatha, en Sweetwater, el barrio nicaragüense de esa ciudad.



El jueves pasado, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó la denominada "Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado", la que establece una nueva tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo, y recorta el pago de la liquidación en detrimento de los empleados del sector público que decidan renunciar a sus puestos.



La nueva normativa señala que los trabajadores del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo, y no a partir del primer año, como era hasta ahora.



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Los trabajadores del sector público que tengan de 3 a 10 años de servicio continuo obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria, según la nueva tabla.



Los empleados estatales que renuncien con 10 a 15 años de servicio continuo recibirán dos meses de salario; los de 15 años a 20 años, la indemnización será el equivalente a tres meses de salario; y los que acumulen 20 años o más recibirán el equivalente a cinco meses de salario, de acuerdo a la nueva ley.



Hasta ahora, un empleado público recibe un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo, y más 20 días de salario a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización es menos de un mes ni mayor de cinco meses de salario, según el Código del Trabajo.



<h3>Pide visitar encarcelados</h3>



En su homilía, Báez también abogó para que visiten "a los encarcelados, como hacen los grupos de pastoral de penitenciaria en nuestras diócesis, pero sobre todo hay que dejar de ver las cárceles como instrumentos de venganza social y concebirlas como espacios de transformación humana y reinserción social".



“Especial mención merecen los presos y presas políticas, existentes en algunos de nuestros países dominados por dictaduras criminales. Privar de la libertad a una persona por expresar sus ideas y manifestar sus opciones políticas, es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libres. Es un pecado horrendo”, sentenció el obispo. 



El Gobierno de Nicaragua excarceló el miércoles 18 de octubre pasado a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano, aunque entre esos religiosos, sin embargo, no se encontraba el obispo Rolando Álvarez, que se ha negado a abandonar el país.



El obispo Álvarez fue condenado en febrero pasado a más de 26 años de prisión por "traición a la patria" tras negarse entonces a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos, y también fue privado de su nacionalidad.



El presidente Ortega ha calificado como una "mafia" a la Iglesia, y ha declarado interrumpidas las relaciones con el Vaticano.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.



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Obispo nicaragüense tilda de 'robo descarado de los dictadores' recorte de liquidaciones

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