Un video publicado por una trabajadora de un centro terapéutico en el distrito de Comas, Lima, Perú, ha revelado un caso de maltrato a niños autistas menores de 4 años. El clip muestra a varios menores atados con cinta de embalaje a sus sillas y con la boca tapada. Según el medio Antena3 , tras la difusión de las imágenes, las autoridades peruanas han iniciado una investigación en respuesta a la denuncia presentada por los padres de los niños afectados. El video, compartido por la trabajadora del Centro Terapéutico Especializado para Niños (Cetdin), muestra a los pequeños atados a sus sillas, algunos con mochilas en la espalda, poco después de ingresar a un aula con sus instructoras. Además, se observa a otro niño con un trozo de papel en la boca, amordazado con cinta adhesiva para evitar que hable. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alerta Mundial (@alertamundonews) Denuncia Una de las madres que denunció el hecho detalló a la emisora RPP que los niños que asisten al Cetdin son autistas, muchos con discapacidades severas que les impiden comunicarse. La madre acusó al director del centro, Roger Baltazar, de aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores para amordazarlos y torturarlos , lo que ha generado una indignación generalizada entre los padres. Los padres de los niños han exigido la clausura inmediata del centro y la aplicación de una pena de cárcel para el director por el maltrato infligido a los menores. Investigación Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que profesionales del Programa Nacional Aurora y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) están brindando atención a los afectados en la comisaría de La Pascana. Además, las autoridades mencionaron que están coordinando con el Ministerio Público para acelerar las investigaciones y sancionar a los responsables. CONADIS condenó rotundamente cualquier acto de violencia contra las personas con discapacidad, especialmente hacia niños y adolescentes, y ha dispuesto un equipo especializado para apoyar legal y socialmente a las víctimas y sus familias. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la municipalidad de Comas también han colaborado con la Fiscalía en la investigación, solicitando la clausura del centro para garantizar que estos abusos no queden impunes.