Así lo detalló este sábado la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) a través de su director de comunicaciones, Alfredo Ortiz, quien apuntó que la cifra se acumula con los reportes de diferentes centros médicos de Honduras.

Del total de niños quemados en el país, indicó que 13 han sido atendidos en el Hospital Mario Catarino Rivas y otros dos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), esto en San Pedro Sula, en el norte del país.

Además, otros 10 han sido atendidos en el Centro Hondureño para el Niño Quemado (Cehniq) de Fundaniquem, quienes antes reciben la atención médica en el Hospital Escuela y luego son remitidos a la fundación.

Ortiz detalló a noticiero Hoy Mismo, de TSi, que del total, siete menores fueron reportados el 24 de diciembre y el resto después del 25 de diciembre, es decir, después de las fiestas de Navidad, cuando los menores acostumbran quemas pólvora y buscar cohetes en las calles.

"Estamos sumamente preocupados de mantenerse esta tendencia, ya que mañana es 31 de diciembre, último día de 2023, y con ello se intensifica la quema de artefactos a base de pólvora y es ahí donde pueden suscitarse más incidentes de esta naturaleza, ya que ha quedado claro que la negligencia de los padres, la falta de cuidados y de responsabilidad ha jugado como factor en contra de la integridad física de los niños", expresó Ortiz.

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En ese aspecto, hizo el llamado a los padres de familia a que durante las fiestas de fin de año no permitan que sus hijos quemen pólvora, pues esto podría acarrearle severas consecuencias como mutilaciones y, en el peor de los casos, la muerte de los menores.

En la actualidad, algunas alcaldías en el país, como la del Distrito Central, capital de Honduras, mantienen ordenanzas que prohíben la compra, venta y uso de pólvora y, en caso de que estas se infrinjan, se estipulan sanciones que van entre 5,000 u 60,000, además de trabajo comunitario obligatorio.

Asimismo, se tipifican sanciones para los padres de los niños quemados, las cuales rondan entre 1,000 y 5,000 lempiras, además de trabajo comunitario.

Sin embargo, recientemente el abogado penalista, Héctor Pérez, lamentó que no haya potestad de detención a los padres de los menores quemados, por lo que instó al Congreso Nacional para implementar una ley que las contemple y que sea de cobertura a nivel nacional, pues hay municipios en los que la venta de pólvora es permitido.

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