La Corte de Apelaciones en materia de criminalidad revocó las medidas distintas a la detención judicial y confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, exalcalde de Choloma, y otros dos implicados por las irregularidades en el proyecto del mercado “El Ceibón”, en Choloma, Cortés.

La misma resolución aplica para Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de Banadesa, y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de esa institución.

El Ministerio Público les señala los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Se defendían en libertad

Desde abril de 2024, los tres imputados enfrentaban el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas.

¿Qué señala la investigación?

La investigación detalla que el caso inició en 2015, cuando al menos 270 vendedores ambulantes de Choloma solicitaron un espacio digno para trabajar.

En ese momento, la corporación municipal aprobó la construcción del mercado “El Ceibón”. Este proyecto despertó esperanza entre los locatarios, pero pronto se convirtió en un fraude millonario.

Según el requerimiento fiscal, el exalcalde Crivelli, junto al empresario Julio César Maldonado Hernández, de la empresa SURCO, gestionó un préstamo por 35.6 millones de lempiras ante BANADESA.

Las autoridades de la institución aprobaron el financiamiento sin respetar los procedimientos y entregaron los recursos a SURCO sin controles adecuados.

La investigación señala que la empresa utilizó el dinero en gastos personales, pagos de apartamentos, tarjetas de crédito y transferencias particulares.

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Al intentar justificar la obra, presentaron un edificio a medio construir, precario, sin condiciones humanas ni dignas para los comerciantes.

La situación empeoró cuando se obtuvo un nuevo financiamiento y la deuda total ascendió a 55,426,275.37 lempiras. Ese monto quedó a nombre de los vendedores, quienes ahora figuran como morosos en la central de riesgos, sin acceso a créditos y sin el mercado que se les prometió.

El Ministerio Público reiteró que este fraude no solo afectó económicamente a cientos de familias, sino que también destruyó el sueño de contar con un espacio de trabajo seguro y adecuado en Choloma.

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