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Si el nuevo gobierno de Honduras incumple su promesa de promover la rendición de cuentas y no toma las medidas oportunas para que los deshonestos sean castigados por la justicia, se habrá derrumbado una de las principales demandas de los hondureños.



Hay posiciones encontradas sobre las posibilidades de hacer que paguen por sus "pecados" los corruptos que se apropian de unos 75,000 millones de lempiras al año.



Algunos expertos profesionales de las ciencias jurídicas y sociales han advertido que el Gobierno entrante tiene que tomar medidas contundentes, obligar a renunciar a quienes estén señalados por actos de deshonestidad o someterlos a juicio político.



En esta línea de análisis se ha advertido que todos los intentos de luchar contra la corrupción y la impunidad pueden quedar frustrados. Los obstáculos están en la Sala de lo Constitucional, pues sus magistrados han declarado que las leyes de la impunidad son legales.



¿Le espera a la Administración 2022-2026 una resistencia para castigar a los deshonestos en la misma Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, a causa de la presunta conexión de sus autoridades con los que salen del poder?



En opinión de expertos en derecho penal, sería un error si el Gobierno que llega interpone ese supuesto como excusa frente a la exigencia de la población para que se rindan cuentas y se avance hacia una democracia participativa.



Los analistas de la realidad doméstica han exhortado a los hondureños a reclamar a las nuevas autoridades centrales y locales que informen sobre sus ejecutorias y el destino que sea trazado para los recursos públicos.



Esto es ejercer vigilancia sobre cómo se cumplen los programas políticos y se desarrollan los proyectos económicos y sociales, en procura del desarrollo del país.



Dentro de esa nueva línea de responsabilidad ciudadana, la clave será la denuncia pública contra los involucrados en comportamientos que vayan contra lo legal y lo legítimo.



A la implantación de la corrupción y la impunidad en el país, queda una sola respuesta: Dar una batalla con firmeza a favor de la transparencia y presionar por que los deshonestos sean alcanzados por la justicia.



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Los politólogos concluyen que los hondureños se expresaron el 28 de noviembre contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en las urnas.



De ahí se obtiene que la presidente Xiomara Castro tendrá la obligación histórica de honrar las promesas de campaña y el compromiso contraído de cumplir la Constitución y las leyes.



Se ha adelantado que una comisión especial se encargará de revisar los actos de corrupción cometidos en la gestión pública, con el objetivo de identificar a los culpables y presentar sus casos ante los órganos &nbsp;competentes.



Será la presión ciudadana la que contribuya a sentar un precedente en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad que anualmente representa pérdidas para el país por alrededor de 75,000 millones de lempiras



¿Dará La presidente electa, doña Xiomara Castro, señales de confianza a través de decisiones contra la contaminación de la actividad pública para hacerle justicia a este pueblo, ahogado por la pobreza, la inequidad social, el rezago económico y la degradación de la actividad política?

Afinidad política no debe primar en Fiscalía y CSJ en el nuevo gobierno para evitar castigar corruptos, aseguran expertos