El Ministerio Público (MP), reveló mayores detalles en torno a Alberto Remigio Parra, el presunto pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años e intentar también el mismo delito contra una menor de 14, en el municipio de Arada, Santa Bárbara.
La captura de este sujeto la ejecutaron elementos de la Policía Nacional tras recibir una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. A través de esta se les alertó que habría ultrajado a las muchachas en su propia casa de habitación.
Según los testimonios, el imputado se presentó como pastor en la casa de las ofendidas y se valió de la confianza de su madre para ingresar a la vivienda para orar por ellas, argumentando que una "tenía una culebra en el estómago".
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Presentaron el requerimiento fiscal
Luego de darle detención, lo remitieron ante la fiscalía local de Santa Bárbara, donde se le presentó un requerimiento fiscal. La acusación es por los delitos a título de autor de violación en perjuicio de una joven de 18 años y otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad.
El informe que remitieron las autoridades policiales al equipo fiscal indica que los hechos en contra de las muchachas ocurrieron el pasado miércoles 16 de septiembre en la aldea La Cuchilla del municipio de Arada, Santa Bárbara.
¿En realidad es argentino?
De acuerdo con la fiscalía, los documentos de identificación que portaba Alberto Remigio Parra indican que en efecto es de nacionalidad argentina, tal como él mismo manifestó a periodistas luego de su captura.
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Además, como parte del proceso y de las pruebas que acreditan la comisión del delito, los fiscales propusieron evaluaciones psicológicas, físicas, actas de declaración en sede administrativa, entre otras.
Le dieron detención judicial
Una jueza de la seccional penal de Santa Bárbara le dictó a Alberto Remigio Parra, la medida cautelar de detención judicial, por lo que se le remitió de inmediato a un centro penal. El Poder Judicial también lo identificó como argentino.
En Honduras, el delito de violación contempla una pena de 9 a 13 años de prisión, mientras que las otras agresiones sexuales se castigan con 5 a 8 años de prisión, según los artículos 249 y 250 del Código Penal vigente. Las penas pueden aumentar cuando concurren circunstancias agravantes previstas por la ley.
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