El general Ramiro Muñoz confirmó este martes su salida de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tras la solicitud de la presidenta Xiomara Castro.
En conferencia de prensa, Muñoz explicó que los cargos públicos no son permanentes y que quien nombra también puede destituir cuando lo considere necesario.
“Quien a usted lo pone a usted lo quita cuando considera conveniente y los cargos públicos, simple y sencillamente, no son de uno, son cargos públicos", dijo.
Muñoz, quien asumió el cargo en 2023, destacó la importancia de la valentía, decencia y voluntad de trabajo para liderar una institución como el INP.
Al ser consultado sobre su sucesor, indicó que el nombre del próximo interventor es irrelevante, ya que lo importante es poner orden y garantizar que las organizaciones criminales sean controladas adecuadamente.
Ramiro Muñoz será sustituido por el general Jose Mejía.
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¿Qué dejó Ramiro Muñoz en el INP?
Muñoz se mostró satisfecho con los avances alcanzados durante su gestión. Aunque su nombramiento fue inicialmente por un año, permaneció en el cargo por dos años, tiempo en el que, según él, se logró establecer un sistema penitenciario más ordenado y sin grandes enfrentamientos dentro de los centros.
El general enfatizó que los militares no renuncian a sus misiones y que siempre cumplirá con los objetivos que se le asignen.
“Los militares no renunciamos a las misiones, soy un general de la República. Si mi general (Roosevelt) Hernández me da una misión, voy a renunciar hasta que la cumpla", expresó.
Sin embargo, aclaró que su trabajo en el INP nunca debió haber sido parte de sus funciones, pues se trata de un cargo político. "Este no es un cargo militar, nunca debí haber estado aquí porque es un cargo político. No corresponde a un militar estar en el sistema penitenciario”, precisó.
Finalmente, aseguró que los avances logrados en tecnología y control son invaluables, pero que es fundamental que el sistema no quede en manos de personas corruptas.
Ramiro Muñoz asumió la dirección de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario en junio de 2023, después de la masacre en la cárcel de mujeres de Támara, donde 46 reclusas fueron asesinadas.
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