La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) enfrenta una crisis institucional tras revelarse que acumula más de 200 demandas interpuestas por una sola persona, que ascienden a unos 90 millones de lempiras, según confirmó su directora, Elizabeth Rodríguez.
Las acciones legales han generado el embargo del presupuesto de la institución, lo que limita su capacidad operativa y pone en riesgo la administración de miles de bienes bajo custodia del Estado.
“Le han quitado el corazón a la OABI, porque no puede funcionar de manera correcta si la han dejado sin sus activos”, advirtió la funcionaria.
¿Nueva crisis en la OABI? Posibles delitos e investigación
De acuerdo con Rodríguez, el caso ya es objeto de análisis para determinar la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad y desobediencia. Las demandas, explicó, se concentran principalmente en el litoral Atlántico y la zona norte del país.
“Se trata de más de 200 demandas presentadas por un solo abogado. En ese sentido, el Ministerio Público debe investigar la posible existencia de prevaricato judicial y abusos de autoridad”, sostuvo.
La funcionaria anunció que en los próximos días presentarán denuncias ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento del Sector Justicia para esclarecer el origen de estas acciones judiciales.
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Llamado a modernizar la institución
Rodríguez señaló que la OABI administra cerca de 9,000 bienes incautados, pero advirtió que la institución ha quedado rezagada frente al crecimiento de esta carga, debido a la falta de personal, tecnología y recursos.
“La OABI necesita una reestructuración técnica y científica, con auditorías forenses y tecnología de punta para garantizar el control de los bienes”, afirmó.
Además, subrayó que la mayor debilidad es la escasez de personal, especialmente en la zona norte, donde se concentra la mayoría de los activos. También denunció la existencia de usurpaciones de bienes que están bajo administración estatal.
Reunión interinstitucional
Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión en la sede de la OABI, en la que participaron el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, y la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Aspra explicó que el objetivo del encuentro fue conocer la situación actual de la institución y ofrecer acompañamiento para fortalecer su funcionamiento. “Esperamos que la nueva dirección pueda dar un giro correcto en el manejo de los recursos y bienes que han sido confiados al Estado”, indicó.
Por su parte, Castellanos señaló que la OABI atraviesa un momento crítico y reiteró el compromiso de acompañar los procesos de reestructuración.
“La institución está en problemas difíciles; venimos aquí a apoyar”, expresó.
Las autoridades coincidieron en que la modernización y reestructuración de la OABI debe realizarse con el respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el CNA, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los bienes incautados y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
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