La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) consideró que la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) es acorde con las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos.
Esta declaración de la OACNUDH se produjo tras la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 20 de septiembre de 2024, que invalidó las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de las ZEDE.
A través de un comunicado, la OACNUDH destacó que la posibilidad de que entidades privadas establecieran sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad dentro del territorio hondureño representaba una cesión de competencias estatales que podía afectar la vigencia de los derechos humanos en condiciones de igualdad.
En ese sentido, el organismo señaló que el modelo de las ZEDE podía llevar a violaciones específicas, como la falta de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños, expropiaciones forzosas, y la privatización de servicios esenciales como salud, educación y seguridad social.
"Estas acciones podían repercutir en la realización de los derechos sociales y restringir el acceso a la información y participación de las comunidades afectadas", indicó la OACNUDH en su escrito.
Recomendaciones previas y falta de consulta
Por otro lado, la entidad indicó que desde 2014, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial había recomendado a Honduras revisar la compatibilidad de las ZEDE con las obligaciones internacionales de derechos humanos, en especial en lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Dado lo anterior, indicó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en su informe de 2019, señaló que la falta de transparencia y participación significativa de las comunidades en la toma de decisiones sobre las ZEDE fue una causa fundamental de conflictos sociales.
"El Estado y las empresas deben garantizar la participación significativa de las comunidades desde una etapa temprana para fomentar un entorno propicio para la conducta comercial responsable", subrayó el informe.
Exposición a demandas arbitrales
Según la OACNUDH, el régimen de las ZEDE también expuso al Estado hondureño a posibles demandas arbitrales que exigían indemnizaciones onerosas y recordó que en 2023, el Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, David R. Boyd, señaló que existía "una tensión fundamental entre el sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE) y los derechos humanos".
Y es que, según el organismo, Boyd añadió que los acuerdos internacionales de inversión (AII) otorgan derechos jurídicamente exigibles a los inversionistas extranjeros sin exigirles responsabilidad alguna, permitiéndoles un acceso preferente a la justicia que no está disponible para los gobiernos ni para las comunidades afectadas.
CSJ declara inconstitucionalidad de las ZEDE
El 20 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, por unanimidad de los 15 magistrados presentes, la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE y el decreto 04-2022. La decisión también afectó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución que permitían la creación de estas zonas.
"El pleno de magistrados de la CSJ decidió por unanimidad que las ZEDE vulneraban artículos fundamentales de la Constitución", confirmó el Poder Judicial, por lo que Melvin Duarte, portavoz de ese poder del Estado indicó que esta resolución será notificada a los otros dos poderes del Estado.
Ante esta determinación, la OACNUDH reiteró que ofrecerá asistencia técnica al Estado hondureño para que futuros proyectos de desarrollo e inversión en el país se conciban y ejecuten en armonía con el respeto y garantía de los derechos humanos.
